Pliego de cargos a seis integrantes de la Policía  involucrados en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, dictó la Procuraduría. La orden cobija a los mayores John Jairo López Tolosa y Luis Jeffersson Camacho Prada; el capitán, Carlos Andrés Correa Loaiza; el patrullero, Jhon Fredi Morales Cárdenas, y a los entonces investigadores de la SIJIN, intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera, Dana Alejandra Canizales Bonilla. De acuerdo con la Procuraduría, los uniformados habrían inducido en error a la Fiscalía  para que la entidad ordenara la interceptación de los números de teléfonos celulares de Marelbys Meza, su compañero sentimental, Yhonson Pineda Sarmiento, y su amiga Lucelia Robles, a quienes se les hizo pasar como alias 'Pini' y alias 'Pacho', miembros de una organización ilegal. Esto se hizo a pesar de que la Fiscalía ya había negado la interceptación, solicitada por el investigador Alfonso Qunichaquegua, despues de que se denunció el hurto de 12 millones de pesos a Laura Sarabia. Al parecer, Quinchanegua y Danna Canizalez habrían falsificado el informe de investigador de campo y la declaración de fuente no formal, para obtener la orden de interceptación por otra vía. Por su parte, el patrullero Morales Cárdenas falsificó el informe de campo con destino a otro proceso en el que fungía como investigador judicial para incluir a Marelbys Meza y Fabiola Perea con los alias de 'la Cocinera' y 'la Madrina', como integrantes del Clan del Golfo para que la interceptación pudiera ser realizada. El organismo disciplinario formuló cargos a los dos investigadores porque posiblemente, mediante las acciones ilícitas descritas, interceptaron a las empleadas domésticas de la entonces jefe de Gabinete del presidente de la República. Por último, el Ministerio Público cuestionó la conducta de los mayores de la Policía López Tolosa y Camacho Prada, quienes no habrían verificado y corroborado que la información obtenida sirviera para las investigaciones del caso “no solamente determinando que el o los números telefónicos se encontraran activos, sino también los motivos fundados y que la finalidad de la orden correspondiera a las actividades que se planeaban obtener con la actuación de policía judicial”. /Colprensa