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El presidente, Gustavo Petro, defendió nuevamente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, frente a las críticas por su supuesta vinculación al caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y señaló que estas acusaciones hacen parte de un plan de la oposición para desprestigiar su gobierno.
«Entonces no les gusta el ministro de Cultura y tampoco el de Hacienda. Los quieren descuartizar, cuando ellos mismos hicieron lo que critican. Sacaron millones de pesos del erario para comprar congresistas. Yo hice la denuncia mostrando nombres y sus códigos secretos guardados en el computador del Palacio», expresó el mandatario durante un evento.
Petro también criticó la influencia histórica de élites económicas en los ministerios. «El hijo de un cafetero de los más ricos de Colombia ahora nos da lecciones. Pero no les gusta que los ministros de este gobierno no provengan de apellidos hereditarios o fortunas», añadió.
El presidente reiteró que, en el pasado, recursos públicos destinados a cupos indicativos fueron utilizados no solo para financiar campañas políticas, sino también para alimentar el paramilitarismo.
«Parte de esos fondos iba a letrinas en municipios de la costa, pero ¿quién controlaba si realmente se construían? La plata terminaba robada o financiando la muerte del pueblo», señaló.
Las declaraciones de Petro ocurren en un contexto de crecientes tensiones políticas, marcadas por investigaciones en curso sobre supuestas irregularidades en la gestión de la UNGRD y cuestionamientos a miembros de su gabinete.
CORTE ORDENA A PETRO RENDIR DECLARACIÓN
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia ordenó que el presidente, Gustavo Petro, rinda una declaración jurada en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la UNGRD.
La decisión, emitida por el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, busca esclarecer el alcance de las denuncias relacionadas con un escándalo que involucra a congresistas y funcionarios.
«Por lo anterior, me permito correr traslado a los sujetos procesales, por el término de tres días hábiles, para que presenten el respectivo cuestionario», señaló el documento oficial firmado por la Secretaría de la Sala Especial de Instrucción.
El testimonio del mandatario, que será recolectado mediante un cuestionario formulado por las partes procesales, es considerado clave para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
BOGOTÁ, (Colprensa).