La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, celebró la unificación de la jurisprudencia por parte del Consejo de Estado que reafirma la facultad de la Procuraduría para sancionar a los funcionarios de elección popular. Esta decisión, indicó, fortalece el control disciplinario y la lucha contra la corrupción en el país, al mismo tiempo que refuerza el interés público y la legalidad. En su declaración, la Procuradora destacó que la revisión de las medidas de destitución e inhabilidad por parte del Consejo de Estado garantiza el debido proceso y el equilibrio institucional. “Seguiremos trabajando con rigor y transparencia en defensa del interés público y la legalidad”, aseguró, subrayando la importancia de mantener estos principios fundamentales en el ejercicio de sus funciones. Este pronunciamiento se da tras la resolución de una controversia jurídica originada por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que anuló una sanción de destitución impuesta por la Procuraduría al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Tras este fallo, la Corte Constitucional había ordenado que todas las decisiones de la Procuraduría que afecten a funcionarios elegidos popularmente sean revisadas por el Consejo de Estado. El respaldo reciente del Consejo de Estado se suma a esta línea, reafirmando que todas las sanciones de la Procuraduría deberán ser sometidas a revisión por el alto tribunal, incluyendo aquellas que ya afecten a personas que hayan dejado su cargo. /Colprensa