Colombia enfrenta una noticia preocupante: el Reino Unido ha decidido imponer visa a los colombianos que deseen ingresar a su territorio. Esta medida, anunciada por la cancillería británica es un retroceso significativo en los esfuerzos diplomáticos de varios gobiernos para facilitar la movilidad de los colombianos. Sin embargo, más allá de lamentar esta decisión, es esencial analizar las causas detrás de este cambio y asumir responsabilidades tanto a nivel institucional como individual. La decisión británica responde a una práctica fraudulenta protagonizada por algunos ciudadanos colombianos en complicidad con agencias de turismo. Estas agencias ofrecían un esquema organizado para solicitar asilo político al llegar al Reino Unido, financiando pasajes y asesorando a los viajeros sobre cómo beneficiarse de la asistencia económica que otorga el gobierno británico durante el trámite de asilo. Una vez recibidos estos apoyos, los viajeros se veían obligados a devolver parte del dinero a las agencias, creando un círculo de explotación económica y engaño. Este esquema no solo perjudicó al sistema británico, sino que también comprometió la integridad de los viajeros y afectó la percepción internacional de Colombia. El impacto de esta estrategia no es nuevo. Hace 24 años, un caso similar llevó al Reino Unido a imponer la obligación de visa no solo para ingresar, sino también para hacer escala en sus aeropuertos. Ahora, este episodio vuelve a repetirse, evidenciando la falta de aprendizaje y acción preventiva por parte de las autoridades colombianas y de la sociedad en general. Ante esta situación, la responsabilidad recae en varios actores. Por un lado, el gobierno colombiano debe asumir su deber de supervisión y sanción. Es imperativo identificar y castigar a las agencias de turismo responsables de fomentar este esquema fraudulento, así como fortalecer los controles internos para evitar que prácticas similares resurjan en el futuro. La falta de regulación y vigilancia en el sector turístico ha permitido que estos fraudes afecten no solo la movilidad internacional de los colombianos, sino también su imagen en el exterior. Por otro lado, la ciudadanía también tiene un papel crucial. Es fácil señalar a las agencias como únicas responsables, pero no se puede ignorar la complicidad de quienes, conscientes del fraude, aceptaron participar. La ética y la responsabilidad individual son indispensables para evitar que este tipo de prácticas se normalicen. Cuando ciudadanos eligen caminos fraudulentos, comprometen los derechos de millones de compatriotas que actúan de manera legítima. Además, es fundamental reflexionar sobre por qué algunos compatriotas deciden dejar el país. Esto señala la necesidad de abordar problemas estructurales que empujan a las personas a tomar decisiones desesperadas. El gobierno debe trabajar en políticas que ofrezcan opciones reales dentro del país, reduciendo la necesidad de migrar bajo condiciones irregulares. La imposición de visa no solo afecta a quienes participaron en estas prácticas fraudulentas, sino a todos los colombianos. Estudiantes, empresarios, turistas y profesionales que desean viajar al Reino Unido legítimamente ahora enfrentan mayores restricciones, costos y trámites burocráticos. Esto no solo limita oportunidades individuales, sino que también afecta las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. En conclusión, la decisión del Reino Unido debe analizarse desde la importancia de la responsabilidad colectiva. Las autoridades deben actuar con firmeza para sancionar a los responsables y prevenir futuros fraudes. Por su parte, los ciudadanos deben asumir una postura ética y reflexionar sobre el impacto de sus acciones. La movilidad internacional es un privilegio que debe protegerse con comportamientos responsables y transparentes. Solo así será posible reconstruir la confianza y evitar que medidas como esta se conviertan en una constante con otros países. *ExAlto Comisionado de Paz