Entre populismo y corrupción en el poder

El populismo, históricamente, ha demostrado ser un terreno fértil para la corrupción debido a su capacidad de centralizar el poder y debilitar los controles institucionales. En este modelo, los líderes justifican acciones cuestionables bajo la premisa de actuar en nombre del «pueblo», facilitando la creación de redes clientelistas y la asignaciónn arbitraria de recursos públicos.

Desde la campaña presidencial de Gustavo Petro, en 2022, quedó claro el derrotero ético de su gobierno. Según revelan los «petrovideos», su equipo discutió tácticas para desprestigiar a sus oponentes, evidenciando su intención de «correr la línea ética» en pos de su victoria en las urnas.

Esta tendencia no solo se ha mantenido tras la llegada al poder, sino que se profundizó. El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde se desviaron fondos destinados a emergencias naturales, es uno de los ejemplos más graves. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a varios congresistas, mientras la Fiscalía anuncia la imputación de cargos a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz por lavado de activos y tráfico de influencias. Estos actos no solo representan el uso indebido de recursos públicos, sino que revelan un patrón sistémico de corrupción.

Otro caso emblemático es el relacionado con el sistema de salud, donde directivos de EPS intervenidas y un influyente lobista están bajo investigación por desvío de fondos. Sumado a esto, el gobierno de Petro también enfrenta acusaciones contra su círculo cercano. Nicolás Petro, su hijo, investigado por recibir aportes ilícitos para la campaña; Juan Fernando Petro, su hermano, negociando con líderes criminales en cárceles bajo el marco de la «paz total». Laura Sarabia, y su relación con el abuso de recursos estatales para resolver a través del polígrafo de Palacio el robo de cientos de millones de pesos en su casa.

El impacto de estas prácticas en la sociedad es devastador. Según Transparencia Internacional, Colombia ocupa el puesto 91 entre 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, con 40 puntos sobre 100. Además, un informe de Transparencia por Colombia señala que entre 2016 y 2020, más de 14 millones de personas fueron afectadas directamente por hechos de corrupción. Estos datos reflejan cómo la malversación de recursos públicos no solo limita la capacidad del Estado para cumplir su mandato, sino que perpetúa las condiciones de pobreza y desigualdad que el populismo promete resolver.

La justicia colombiana ha dado pasos importantes con las recientes investigaciones a funcionarios y congresistas implicados. Sin embargo, además de las sanciones puntuales que se avecinan, se debe llegar al fondo, investigando el patrón sistémico y cada uno de los casos que ya son conocidos por la opinión pública y los venideros.

El populismo, con su discurso polarizante de «ellos contra nosotros», crea un ambiente donde la corrupción se camufla como un acto de justicia redistributiva. Jan-Werner Müller señala en ¿What is Populism? (2016) que “los líderes populistas tienden a reclamar un monopolio de la representación moral del pueblo, lo que los exime, en su narrativa, de adherirse a las normas institucionales o éticas”. Este marco discursivo permite que la corrupción se presente como un mandato popular, mientras socava profundamente los principios democráticos y perpetúa estructuras de poder ineficaces, dañinas y centradas en el logro de intereses personales.

En este contexto, donde los valores éticos y democráticos parecen flexibilizarse para todos bajo el mandato populista, el reto de Colombia no es únicamente combatir la corrupción, sino recuperar y reconstruir lo que quede de nuestras ya debilitadas instituciones.

*Exdirectora del ICBF