La Fiscalía levantó las órdenes de captura que pesan contra los voceros y representantes del grupo armado ‘Comuneros del Sur’ que participan formalmente en la Mesa de Diálogos con el Gobierno Nacional.  La decisión se da en respuesta a una petición presentada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el pasado 11 de octubre. Los beneficiados con esa decisión son Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, Antonio José Ovallos Anteliz, Segundo Andrés Obregón Obando, Royer Edgardo Garzón Alvarado, Jorge Wilfredo Rosero Marín, Gabriel Yepes Mejía, Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, Santo Eligio García Natascuas, Jaime Eduardo Álvarez Riascos, Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Canticuz. La decisión, según explicó el ente investigador, se adoptó mediante la Resolución 00502 de 2024, “luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la solicitud del Comisionado de Paz, quien certificó que el proceso con esa organización armada se encuentra en estado avanzado y que las diferentes fases previstas se han surtido de manera exitosa y satisfactoria”, explicó. La Fiscalía agregó que el Gobierno nacional acreditó la necesidad de definir una delimitación temporal y territorial para garantizar la presencia y asistencia de los representantes y voceros de ‘Comuneros del Sur’ a los escenarios establecidos para el progreso de las negociaciones. La suspensión de las órdenes de captura se aplicará en las áreas rurales de los municipios de Andes, Sotomayor, Barbacoas, Cumbal, Guachucal, La Llanada, Mallama, Providencia, Ricaurte, Samaniego y Santacruz de Guachavés (Nariño), como también en Bogotá y otras ciudades capitales en las que se determine necesaria la presencia de los representantes de ese grupo armado para cumplir actividades propias de la Mesa de Diálogos.   Sin embargo, la medida no tendrá efectos en situaciones de flagrancia respecto de conductas delictivas que constituyan graves violaciones de los derechos humanos, incluidas el secuestro y la extorsión, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, ordena que sea suscrita un acta de compromiso en la que se incluya la prohibición de porte de armas de fuego de todo tipo y el uso de prendas de uso exclusivo de la fuerza pública.