La magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aseguró este jueves a Colprensa que uno de los mayores retos del tribunal de paz en el Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, es lograr un balance entre la verdad, la reparación y la celeridad, sin que se vulneren los derechos de las víctimas ni el debido proceso de los comparecientes.

Aunque el tribunal trabaja para alcanzar avances significativos en los procesos, Rueda Guzmán destacó que, a pesar de las expectativas sobre la celeridad del caso, la complejidad de las violencias y la sensibilidad de los hechos obligan a un enfoque detallado y cuidadoso.

“Estamos trabajando sobre eso. Es un desafío que tenemos cada día y lo que sabemos es que no podemos sacrificar ni los derechos de las víctimas ni el debido proceso de los comparecientes”, afirmó la magistrada.

ASÍ VA EL CASO 07

El Caso 07 se ha convertido en uno de los más relevantes de la JEP, al ser el único que aborda específicamente las violencias cometidas contra niños y niñas durante el conflicto armado. En este caso, se investiga el reclutamiento forzado y la utilización de menores de edad por parte de las extintas FARC, así como las violencias conexas como la desaparición forzada, violencia sexual, torturas y otras formas de violencia.

Recientemente, la Sala de Reconocimiento de la JEP escuchó durante tres días en el departamento del Meta a 61 víctimas acreditadas en este caso, quienes relataron los horrores vividos a manos de la extinta guerrilla.

Entre las víctimas, sobrevivientes del reclutamiento y familiares de niñas y niños desaparecidos presentaron observaciones sobre las versiones rendidas por 25 exintegrantes del Bloque Oriental de las FARC.

Más de 9.800 víctimas han sido acreditadas en este subcaso, que involucra tanto a víctimas individuales como colectivas, entre las que se encuentran comunidades indígenas como los pueblos Hitnü y Sikuani.

En su intervención, las víctimas denunciaron el impacto que tuvo para ellas y sus familias el secuestro y la utilización de los niños en la guerra, además de exigir una "verdad plena" y el reconocimiento de las responsabilidades de los comparecientes.

El reclutamiento de menores de edad ha sido una de las violaciones más devastadoras cometidas durante el conflicto armado. Según las cifras de la JEP, el 54% de las víctimas acreditadas en el Caso 07 son niños y adolescentes reclutados directamente, mientras que el 46% restante corresponde a familiares de menores desaparecidos o secuestrados por los grupos armados.

De las víctimas acreditadas, el 47% de los hechos de reclutamiento están asociados al Bloque Oriental de las FARC-EP, seguido por el Bloque Sur con un 23%.

EL TESTIMONIO DE SOBREVIVIENTES

Una de las sobrevivientes relató cómo fue reclutada a los 11 años y obligada a portar un fusil. “¿Cuáles son las razones para obligarme a participar en un combate con el Ejército a mis 12 años?”, preguntó, al referirse al dolor que le causó haber sido privada de su niñez y su vida.

Otra madre, que busca a su hijo desde 2008, compartió su angustia por la desaparición de su hijo, quien fue secuestrado cuando tenía menos de 12 años. “Nosotros vimos cómo los echaban en los camiones y se los llevaban, menores de 10, 11, 12 años. Yo no pude hacer nada por mi niño”, dijo entre lágrimas.

El drama de los sobrevivientes fue subrayado por un acto simbólico que realizaron siete víctimas que fueron parte de la Operación Berlín, una ofensiva militar ejecutada por el Ejército entre 2000 y 2001. Con cadenas y globos blancos, los sobrevivientes simbolizaron cómo vivieron su niñez dentro de las filas guerrilleras, donde fueron “encadenados” por la guerra.

"Somos la prueba del reclutamiento, sí fuimos victimizados", dijo una de las mujeres, quien también destacó que este acto representaba a los niños que siguen atrapados en el conflicto o que murieron en combates siendo aún menores.

En el marco de las versiones rendidas por los comparecientes, la JEP ha recibido más de 1.700 observaciones de las víctimas, que contrastan con las versiones dadas por los exmiembros del Bloque Oriental. Estos cuestionamientos abordan una variedad de temas, desde las condiciones de vida de los menores en las filas guerrilleras hasta las violencias sexuales y reproductivas sufridas por las niñas.

En cuanto a las medidas cautelares adoptadas para proteger a las víctimas, la JEP ha logrado recuperar cuerpos de personas desaparecidas, algunos de los cuales correspondían a menores que fueron reclutados por las FARC.

En octubre de 2021, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas encontraron en Caquetá los restos de 47 personas, de las cuales cinco eran niños o adolescentes cuando fueron reclutados.

UN PROCESO JUDICIAL COMPLEJO

La jurisdicción ha enfrentado múltiples desafíos al intentar equilibrar la necesidad de avanzar rápidamente en los procesos con la responsabilidad de asegurar que los derechos de todas las partes involucradas sean respetados.

“Nuestro desafío es lograr un buen balance entre ser célebres y no sacrificar los derechos de las víctimas”, señaló la magistrada Rueda Guzmán, quien explicó que a pesar de las presiones por la celeridad de los casos, la JEP ha logrado mantener el foco en la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.

Como parte de los avances en el Caso 07, la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán anunció que la próxima semana se emitirá un nuevo auto de determinación de hechos y conductas, el cual será un paso clave en la investigación sobre el reclutamiento y la utilización de menores durante el conflicto armado.

Este auto incluirá nuevas decisiones en torno a la responsabilidad de los comparecientes y avanzará en el proceso de verdad y justicia para las víctimas. La magistrada destacó que este avance representa un esfuerzo continuo por equilibrar la celeridad del proceso con el respeto a los derechos de las víctimas y el debido proceso, reafirmando el compromiso de la JEP con una justicia transicional que busque reparar y esclarecer los crímenes cometidos contra los niños y niñas en el marco del conflicto.

/Colprensa