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Así se robaron los ministros a la UNGRD
Luis Fernando Velasco, quien fungió como ministro del Interior, fue quien propuso que le dieran una partida de 80 mil millones de pesos en contratos para repartírselos a los congresistas.
Hay graves señalamientos contra Luis Fernando Velasco, Carlos Ramón González, Cesar Manrique y Sandra Ortíz.
La Corte Suprema de Justicia tiene pruebas contundentes que demuestran el entramado criminal planeado en la Casa de Nariño sede del Gobierno, para comprar el voto de los congresistas y hacer aprobar las reformas llevadas por el presidente Gustavo Petro a consideración de las cámaras.
Se habla de una presunta negociación de 80.000 millones de pesos en contratos para aprobar la reforma de la salud en la Comisión VII del Congreso.
«El otrora ministro del Interior Luis Fernando Velasco Cháves informó que en una Comisión del Congreso, para sacar adelante la reforma a la Salud, le estaban pidiendo en contratación 80 mil millones de pesos para los congresistas, y que frente a esto el hoy ex ministro había hecho una oferta de 35 mil millones», se lee en el expediente.
´El senador Iván Name Vásquez conocía claramente que el origen de los recursos que le serían entregados, es decir, los 3.000 millones pactados, tenían su origen en el patrimonio público de la Ungrd, pues así se pactó en el desayuno, donde además del aforado, estuvieron presentes Olmedo López, Carlos Ramón González y Sandra Ortiz».
Más adelante el magistrado Francisco Farfán consigna en su decisión de vincular a los dos políticos a la investigación lo siguiente: «Se colige de lo anterior que posiblemente si existió un acuerdo delictivo, del cual hicieron parte altos funcionarios del gobierno nacional, y que tuvo entre sus finalidades sobornar congresistas con recursos públicos».
De ese calibre son las afirmaciones que se hacen en el documento de 54 páginas en el que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra Iván Name, expresidente de Senado, y Andrés Calle, de Cámara, por los posibles delitos de cohecho impropio en calidad de autores y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, en la calidad de intervinientes, en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
El documento de la Corte recoge principalmente los testimonios hechos ante la Fiscalía en la imputación de cargos que puso finalmente en prisión a Olmedo López nombrado directamente en la Dirección de la Unidad por el presidente Petro y Sneyder Pinilla, quienes son hoy los grandes ventiladores en ese proceso. Ellos han hecho graves señalamientos en contra de Carlos Ramón González -exjefe del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia-, la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz y el exministro Velasco. Los tres, además del recién renunciado exjefe de la Función Pública César Manrique como Carlos Ramón González y Olmedo López, fueron militantes del M-19 al igual que su jefe el presidente Petro quienes los llevó al Gobierno a título personal
LA COMISIÓN VII DE LA CÁMARA
La misión de la que habla el expediente sería la VII de la Cámara de Representantes, que aprobó la reforma de la salud en el primer semestre del 2023, justo cuando Velasco asume el cargo.
Los testimonios de Olmedo y de Pinilla, unidas a las corroboraciones de fechas y sitios realizados por los investigadores de la Corte, llevaron a los magistrados a considerar que hay indicios sólidos para investigar si 4 mil millones de pesos saqueados de la contratación de la Unidad terminaron en las campañas políticas de la hija de Name, María Clara Name, al Concejo de Bogotá y del padre del representante Calle Aguas, Gabriel Calle Demoya, y su hermano, Gabriel Calle Aguas, a la alcaldía de Montelíbano y a la gobernación de Córdoba, respectivamente.
El documento dice que «Carlos Ramón González Merchán posiblemente orquestó la entrega de la millonaria suma de dinero para su amigo y compañero en el partido Alianza Verde, Name Vásquez, y que Sandra Liliana Ortíz Nova, pudo también ser la mensajera del referido senador para recibir los 3.000 millones de pesos».
En el caso del representante Calle, quien forma parte del ala colaboracionista del liberalismo en el Congreso, la Sala dice que de la supuesta entrega de mil millones de pesos en efectivo en su apartamento de Montería de manos del detenido exdirector de la UNGRD no permite dudar que conocía del origen corrupto de los dineros.
Tanto Name como Calle han manifestado su inocencia y aseguran que irán a la Corte a demostrar que Pinilla y López mienten. En el caso de Name, reconocido opositor del Gobierno, senadores como María José Pizarro y otros testificaron en la Corte «que el senador Name Vásquez no mostró durante el trámite de los proyectos de ley radicados por el Gobierno Nacional, es decir, el de la reforma al Sistema a la Salud y al Sistema Pensional, ninguna conducta encaminada a favorecer las iniciativas de origen gubernamental, y que por el contrario, observó un comportamiento hostil frente a estas».
