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La demanda fue presentada por el abogado Cristian Eduardo Stapper, luego de advertir los riesgos para el sector empresarial el implementar las nuevas medidas
El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad en contra del Acuerdo 10 del 29 de diciembre de 2023 expedido por el Sena, en el que se incluyen polémicas modificaciones realizadas a la lista de oficios y ocupaciones, fórmula de cuota de aprendices y monetización que deberán cumplir las empresas.
El polémico acuerdo permite contratar brujos, pitonisos, echadores de suerte, y toda clase de engatusadores. La demanda en cuestión fue presentada por el abogado Cristian Eduardo Stapper, luego de advertir los riesgos para el sector empresarial el implementar las nuevas medidas, en especial para los sectores de aseo, transporte y logística.
Por su parte, el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez será el encargado de decidir la suspensión provisional solicitada que definirá el futuro del Acuerdo 10 que “actualiza el listado de oficios y ocupaciones establecido en el Acuerdo 0009 de 2005, para determinar la cuota de aprendizaje que les corresponde a las empresas obligadas, y que incluyó polémicos oficios como: gigoló, adivinador, hechiceros, entre otros».
Stapper, afirmó que «confiamos en que el análisis del Consejo de Estado tendrá en cuenta las consideraciones planteadas por los distintos actores, en aras de construir un sistema que promueva la empleabilidad y el crecimiento económico de forma sostenible».
Asimismo afirmó que «ante la evidencia de que el Sena no verificó ni demostró al expedir este listado de oficios y ocupaciones, que incluye oficios como el de domador de fieras o doble de riesgo, que estos oficios requirieran información profesional, metódica y completa, y que existe oferta de estos cursos en el Sena o en otra entidad autorizada, estamos a la espera de que el alto tribunal tome una decisión sobre la solicitud de suspensión provisional que también presentamos».
Anteriormente, la cuota Sena de aprendices se calculaba sobre la base de los trabajadores administrativos. Ahora, esa cuota se calcula sobre la base del total de la nómina, lo que representa un alto aumento en el costo de la nómina y cargas tributarias significativas para los empresarios.