La Defensoría del Pueblo hizo un llamado contundente a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que implementen medidas efectivas ante la alarmante situación de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) que enfrenta el departamento de Arauca por el conflicto armado. La entidad ha documentado un incremento en las vulneraciones provocadas por la actividad de grupos armados ilegales en diversas veredas y resguardos indígenas, donde la violencia se ha intensificado en los últimos meses. Las comunidades en Tame, Arauquita y Puerto Rondón son las más afectadas por la confrontación entre el ELN y disidencias de las Farc, que han desatado un ciclo de violencia sin precedentes. En lo que va del año, se han reportado 143 homicidios, de los cuales 18 corresponden a líderes sociales, una tendencia alarmante que compromete la vida y la integridad de quienes luchan por la paz en sus territorios. Los homicidios selectivos han dejado huellas profundas en la comunidad educativa, donde tanto docentes como estudiantes han estado expuestos a situaciones de riesgo. La inseguridad ha obligado a muchas familias a abandonar sus hogares y proyectos productivos, dejando atrás sus cosechas y medios de vida. Además, el desplazamiento forzado también ha aumentado, con al menos 132 familias, lo que equivale a 412 personas, reportadas como desplazadas en lo que va del 2024. Sin embargo, 38 comunidades han sufrido confinamiento, afectando a más de 6,000 personas que ahora viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.