Petro acusa a Procuraduría de «persecución» tras investigación por Diana Giraldo

El presidente, Gustavo Petro, reaccionó a la apertura de una investigación disciplinaria que la Procuraduría General de la Nación ordenó en contra de Álvaro Ninco, su exembajador en México, y de otros tres funcionarios públicos por acoso digital contra la periodista Diana Saray Giraldo, de la emisora Caracol Radio.

Según Petro, la determinación del ente de control «se llama persecución» y hace parte «de una policía política que limita la libertad de expresión y censura». «¿La Procuraduría quiere ser Gestapo?», cuestionó el mandatario asimilando a la institución con la policía secreta que la Alemania nazi utilizó para adelantar procedimientos sin control judicial.

No es la primera vez que Petro compara a la institución con la Gestapo. En 2021, siendo congresista, afirmó que «los senadores liberales Fabio Amín, de Córdoba, y Pinto, de Santander, con su voto permitieron la conformación de una Gestapo», refiriéndose a las facultades jurisdiccionales que el Legislativo le otorgaba a la Procuraduría.

En esta ocasión, además, le pidió «a las víctimas de esta violación de derechos humanos» —es decir, a los procesados por la Procuraduría— que interpongan «las denuncias respectivas en la justicia nacional e internacional».

«En el gobierno del cambio los funcionarios no violan derechos humanos», afirmó el Jefe de Estado en su cuenta de X.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Álvaro Moisés Ninco Daza, el exembajador de Colombia en México destituido por el Consejo de Estado, y contra otras tres personas más por varios comentarios «calumniosos» publicados en la red social X contra la periodista Diana Saray Giraldo.

Junto a Ninco, el proceso disciplinario avanza contra el viceministro de la Juventud del Ministerio de la Igualdad, Gareth Steven Sella Forero; la jefe de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial de la Superintendencia de Industria y Comercio para la época de las publicaciones, María Niny Echeverry, y el contratista de RTVC Jaider Rozo.

Entre marzo y junio de este año, Ninco, Sella, Echeverry y Rozo publicaron trinos en los que señalaban que un informe de Giraldo en Caracol Radio, en el que la periodista llamó al Movimiento Social Político de Masas del Centro Oriente de Colombia «el brazo político del ELN», causó el 5 de marzo el asesinato del líder campesino Josué Castellanos.

Para el Ministerio Público, las manifestaciones del exembajador y de los otros reconocidos activistas en favor del gobierno de Gustavo Petro «pudieron atentar contra el buen nombre, honor y honra de la comunicadora», así como «promover un escenario de violencia digital» en contra de la exdirectora del diario santandereano Vanguardia.

Giraldo fue reconocida como víctima en el proceso en el mismo auto que ordenó recabar pruebas. La Procuraduría asegura haber tenido en cuenta diversas normas nacionales e internacionales que establecen que las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física y sicológica y a no ser sometidas a ninguna forma de discriminación.

«Con la apertura de la investigación, el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta, determinar si es una falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y la posible responsabilidad de los investigados», señaló el órgano disciplinario.

Entre las pruebas ordenadas por la Procuraduría se encuentran los actos administrativos que vincularon a Ninco, Sella, Echeverry y Rozo a entidades estatales; una diligencia de ampliación y ratificación de queja para Giraldo, y una investigación para determinar si las cuentas de X de las que salieron los trinos corresponden a los hoy investigados.

/Colprensa