No solo el Ministerio de Hacienda está en contra del proyecto que cambia el sistema general de participaciones para darle más autonomía a los departamentos sino el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Se conoció un concepto no favorable que esa entidad le hizo llegar a la Comisión Primera del Congreso señalando que el proyecto “no solo profundizaría las brechas sociales existentes, sino que también pondría en riesgo la viabilidad del Estado en su conjunto”. “Se pondría en riesgo la financiación de los sectores de justicia, defensa y seguridad, la financiación de los derechos de los ciudadanos en salud, el pilar solidario, y los compromisos con más de 2.5 millones de pensionados que gozan de estas prestaciones”, asevera el documento. Por tanto, el documento señala que este proyecto afectaría la equidad social y la capacidad del Estado para garantizar un orden económico y social justo. “En síntesis, esta propuesta no solo profundizaría las brechas sociales existentes, sino que también pondría en riesgo la viabilidad del Estado en su conjunto, dado que es poco probable que se financie mediante un mayor endeudamiento o incremento de impuestos, debido al bajo crecimiento del consumo y a que los niveles de inversión se mantienen en los mismos valores de 2020, en pleno epicentro de la pandemia”, se lee en el documento. n ese sentido, el concepto del DNP asegura que si este acto legislativo se vuelve realidad, “se sacrificaría la inversión de la Nación, cuyo foco es el cierre de brechas, que es el pilar central del Estado Social de Derecho, así como la reforma agraria integral y los compromisos adquiridos por gobiernos anteriores en materia de infraestructura y vivienda”.

El riesgo fiscal

Y es que hay que tener en cuenta que de aprobarse el proyecto de Acto Legislativo, es decir, aumentar la participación al 46,5%, esto implicaría elevar gradualmente el SGP desde 1.0% adicional entre 2025 y 2026 hasta 16.4% adicional en 2035 frente al escenario previsto en el MFMP, “rompiendo de manera desproporcionada el escenario previsto en el MFMP”. En este sentido, el documento también menciona el escenario fiscal en el que quedaría el país y asevera que “no se toma en cuenta el riesgo fiscal que este incremento podría generar para la consecución de los fines del estado social de derecho”, a tal punto que la inviabilidad financiera afectaría proyectos en los sectores de transporte, vivienda social, inclusión social, Fiscalía entre otros. “Si bien se propone fortalecer el manejo autónomo de los recursos por parte de las entidades territoriales, el impacto sobre la sostenibilidad fiscal puede desestabilizar el cumplimiento de otros deberes esenciales del Estado, especialmente aquellos relacionados con el bienestar social”, remata el documento. /WRadio