La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, se inhibió de abrir investigación contra los exrepresentantes a la Cámara, Aida Merlano Rebolledo por el Atlántico y Mauricio Salazar Peláez por Risaralda, quienes fueron señalados por presuntos delitos de financiación ilícita de campañas electorales, violación de topes de gastos y corrupción de sufragantes. La denuncia fue presentada por el abogado Simón Alberto Hernández contra Mauricio Salazar Peláez, quien ahora es alcalde de Pereira, basado en declaraciones de Merlano publicadas en la revista Cambio el 5 de octubre de 2023. En la entrevista, Merlano mencionó “haber entregado dinero para fines ilícitos a una campaña a la Cámara de Representantes, sin señalar directamente a Salazar, sino a su esposa, María Irma Noreña Arboleda, quien fue candidata en las elecciones de 2022″, señaló el artículo. Salazar Peláez respondió afirmando que el dinero, aproximadamente 110 millones de pesos, fue entregado por Merlano a uno de sus colaboradores, Juan Andrés Duque Bonilla, para financiar campañas locales, y no para su campaña ni la de su esposa. La Corte Suprema consideró que no existían pruebas suficientes que relacionaran a Merlano y Salazar con los delitos señalados, concluyendo que la transferencia de dinero correspondió a un contrato de préstamo entre particulares, sin relación con actividades proselitistas. Por lo tanto, la Sala decidió emitir un auto inhibitorio, descartando la apertura de un proceso penal.