La responsabilidad del caso Pichi es de la Fiscalía: hubo vacíos en la investigación que favorecieron al narco

La historia de Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, va mucho más allá de su escape en los últimos días luego de las alertas por 14 evasiones que había tenido a su medida de aseguramiento domiciliario, hasta que finalmente logró escapar.

La pregunta que queda hoy es quién es el responsable de que las decisiones en su contra hayan sido tan laxas, porque de acuerdo con las autoridades se trata de uno de los delincuentes más peligrosos de Santander y ha sido incluso llamado el Pablo Escobar de Bucaramanga.

Y además aquí revelamos que la jueza que  absolvió a Pichi de los delitos más graves en su contra fue la jueza Piedad Díaz Mateus, que es la hermana del actual gobernador del departamento Juvenal Díaz. Esa absolución contempló en dos momentos los delitos de Concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de inmuebles.

Pero hay que regresar a las sentencias y los hechos que comenzaron hace 14 años. La Policía de Bucaramanga empezó a recibir denuncias de la comunidad del barrio San Rafael en Bucaramanga por una organización que empezaba a delinquir con microtráfico de drogas con bazuco, marihuana, pastillas sintéticas y cocaína. Se trataba, en 2011, de una organización de alrededor 20 personas que además usaba a algunos niños para el expendio de drogas.

La Policía hizo un trabajo de investigación e inteligencia y encontró que la comunidad señalaba a un tal Pichi de ser el líder de la organización delincuencial. La investigación pasó luego a la Fiscalía y esta se encargó de realizar las capturas, la inteligencia y de encontrar las pruebas para llevar a Pichi a la cárcel y producir una condena.

Pero ni la condena ocurrió, ni Pichi logró mantenerse en la cárcel y tampoco existieron las pruebas durante el juicio.

Ese juicio empezó en 2013 y se alargó hasta que llegó la primera sentencia absolutoria en favor de Pichi en 2019. El regaño de la Procuraduría y de la jueza a la Fiscalía fue contundente.

La Procuraduría concluyó que la única prueba eficiente que la Fiscalía presentó en el juicio, a pesar de que se trataba de un gran capo del narcotráfico, fue el testimonio de un policía investigador. En la sentencia quedaron claros los argumentos en contra de los vacíos de la investigación. Hubo interceptaciones que no se presentaron, testigos que dijeron no estar seguros de sus dichos, grabaciones que no probaron nada y una secuencia de pruebas que lo único que hicieron fue favorecer a Pichi.

La investigación de la Fiscalía fue tan débil que la jueza tuvo que ordenar regresarle a Pichi 647.000 pesos que habían sido incautados en un operativo en el barrio San Rafael en donde supuestamente se generaba la droga. Así lo señala la sentencia en el tercer apartado del resuelve en el que Piedad Díaz Mateus ordenó levantar la medida de aseguramiento impuesta y la devolución del casi millón de pesos.

En conclusión, tras más de 14 años del inicio de la investigación y ante la contundencia de pruebas serias, las jueces solo pudieron ordenar al narco una medida de aseguramiento domiciliaria, de la que Pichi se fugó fácilmente. Hoy sigue siendo buscado por las autoridades.

/LaFM