Un grupo de 56 organizaciones de la sociedad civil, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado en Colombia enviaron una carta a las Naciones Unidas expresando su preocupación por la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Las organizaciones mencionan que ese acuerdo en el que se establece compromisos entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla FARC-EP, ha enfrentado retrasos significativos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. "Los retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, que se encuentra a mitad del plazo de 15 años para su ejecución, generan crisis humanitarias en áreas con limitada presencia del Estado, así como graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario", menciona el documento. El texto también critica la dilución del Acuerdo en favor de la política de "Paz Total" del presidente Petro, afirmando que "lo acordado en 2016 debe ser implementado como prioridad". Frente a estas quejas, las organizaciones solicitan que el Gobierno muestre resultados concretos para los años 2024 y 2025, incluyendo la creación de una entidad dentro de la Presidencia dedicada a coordinar la implementación del Acuerdo de Paz. Además, los firmantes resaltan la urgencia de desmantelar grupos armados ilegales y de ofrecer garantías de seguridad pues dicen necesitar "garantías de seguridad, así como resultados concretos y mejores en la lucha contra la impunidad". La carta concluye pidiendo a la ONU que ayude a difundir su mensaje entre los Estados Miembros del Consejo de Seguridad para que el Gobierno Nacional cumpla con la promesa de implementar correctamente el Acuerdo de Paz. "Implementar lo firmado en 2016, escuchando a las víctimas: estas son las bases sólidas que necesitamos para construir una paz con dignidad y garantizar la no repetición del conflicto", subrayan las organizaciones. Los firmantes además enviaron una copia de esa carta al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, para dar a conocer la situación con el avance de los compromisos pactados entre el Estado y las Farc en 2016. /LaFM