Reducir el alcance y presupuesto de la Justicia Especial de Paz comprometería su capacidad para cumplir su objetivo de ofrecer justicia a las víctimas del conflicto armado, aseguró este domingo la Procuraduría General de la Nación, al hacer referencia a un pronunciamiento en tal sentido del gobierno nacional. Para la Procuraduría “limitar sus funciones afectaría gravemente la implementación de sanciones y el juzgamiento de responsables de violaciones graves de derechos humanos”. De la misma forma señala que “las amnistías indiscriminadas están prohibidas por el derecho penal internacional. Estas acciones podrían reactivar la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia. Es fundamental que la autoridades asuman su responsabilidad como garantes de los recursos necesarios para la implementación de las sanciones propias de la JEP. Esto incluye la adecuada asignación presupuestaria y la coordinación logística para llevar a cabo las medidas de reparación a las víctimas”. Por último en su llamado la Procuraduría reiteró su disposición para colaborar en los procesos de articulación institucional que aseguren el cumplimiento de los derechos de las víctimas y la sociedad en el marco del sistema de justicia transicional.