HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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Personero demandará protección de derechos de usuarios de energía

La Personería Distrital de Santa Marta asistirá a la audiencia pública que se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla, con el objetivo de estudiar el impacto económico y social en la Región Caribe, en cumplimiento a lo ordenado en la medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo del Atlántico con la expedición de las Resoluciones 010 de 2020 y 78 de 2021.

Lo anterior, ordenado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas Creg, en donde Edwar Orozco y Miguel Alzate, personeros de Santa Marta y Barranquilla respectivamente, participarán en una ponencia por medio de la cual velarán porque sean protegidos los derechos de los usuarios del servicio de energía eléctrica de toda la Región Caribe.

Esta importante audiencia pública se realizará este lunes 16 de septiembre, a partir de las 10:00 a. m. y será transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Comisión Reguladora de Energía y Gas Creg. El enlace para la transmisión se habilitará el mismo día del evento.

En este encuentro participarán autoridades locales y nacionales, incluidos alcaldes, gobernadores, parlamentarios, el Ministro de Minas y Energía, la Procuradora General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, y representantes de las empresas Air-e y Afinia.

Además, el Tribunal ha dado un plazo adicional de diez días al Ministerio de Minas y Energía y a la CREG para emitir un nuevo acto administrativo que modifique las resoluciones actuales, con el objetivo de reducir las tarifas eléctricas para los habitantes de la Región Caribe.

IMPACTO EN LA COMUNIDAD

La medida del Tribunal es vista como una victoria para los habitantes de la Región Caribe, quienes han enfrentado durante años elevados costos de energía eléctrica, afectando su calidad de vida y capacidad económica. La expectativa es que esta revisión tarifaria no solo reduzca los costos para los consumidores, sino que también impulse una mayor equidad en la distribución de los servicios públicos en el país.

 

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