“Si se comprueba la violación de topes de campaña, el Congreso debe hacer control sobre Petro”

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry criticó las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien desconoció la decisión de la Sala de Consultas del Consejo de Estado respecto a la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar presuntas irregularidades en su campaña.

Petro afirmó que ha sido «despojado del fuero integral constitucional» y reiteró su denuncia de un supuesto «golpe de estado».

Charry calificó de «equivocadas» las declaraciones del mandatario, argumentando que en realidad están operando los pesos y contrapesos institucionales.

“Se establece que ha sido elegido violando los topes de campañas y se ha acreditado esa violación, pierde la investidura y para ese trámite se debe adelantar un proceso en el Congreso de la República”, explicó el abogado.

Además, destacó que el Congreso no actúa simplemente como «notario» del CNE, sino que realiza una evaluación independiente de la supuesta violación de la ley electoral.

“No hay impunidad en un estado de derecho, todos los funcionarios están sujetos a controles de legalidad”, añadió Charry, subrayando que, en el caso del presidente, el Congreso ejerce control político y la Corte Suprema de Justicia controla los delitos penales, siempre previo al control político.

El abogado también mencionó que, en cuanto a la financiación de campañas, la ley prevé un control administrativo que aplica sanciones, como multas, a quienes manejan los fondos. Sin embargo, si el candidato resulta electo y se comprueba la violación de topes, «pierde la investidura», explicó, aclarando que en el caso del presidente, ese proceso se desarrolla a través del Congreso.

Finalmente, Charry expresó su desacuerdo con la postura de Petro, insistiendo en que la ley es clara: “Si hay violación del tope, quien debe hacer la evaluación final y el juicio es el Congreso”.

Además, criticó lo que consideró una mala defensa del gobierno basada en la descalificación de las instituciones encargadas de aplicar la ley. “Desconoce la autoridad y será uno de sus argumentos, a mi juicio, equivocado”, concluyó.

/LaFM