Noticias de Santa Marta, el Magdalena, y el mundo!
La Procuraduría General de la Nación informó que halló inconsistencia en los procesos de selección de los operadores de los contratos para dar cobertura a través del programa primera infancia a las comunidades Wayúu, en La Guajira, por lo que pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF-, información al respecto.
En sus acciones preventivas, “evidenció que el cambio de modelo para la atención integral de los wayuu en los municipios priorizados de Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure ha ralentizado la contratación en la modalidad propia e intercultural con componente alimenticio de por lo menos 80 mil familias”.
Para la Procuraduría no hay un censo claro que permita determinar con certeza a cuántas comunidades, familias e individuos se les proporciona la atención. En el mismo sentido se han evidenciado situaciones que deben ser objeto de análisis y revisión como los requisitos para los oferentes, la selección objetiva, los criterios aplicados y la implementación de invitaciones cerradas para la escogencia de los operadores.
Recuerda el ministerio público que la Sentencia T-302 de 2017 que declara el estado de cosas inconstitucionales frente a la comunidad Wayúu, en La Guajira, los incumplimientos y abandono por parte del Gobierno Nacional se siguen dando en materia de salud y educación.
Finalmente se indicó que ante la grave situación y queriendo evitar que la comunidad Wayúu quede desprotegida, el despacho de la procuradora Hernández citó para el próximo 20 de junio a la directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres.