Colombia, despensa del mundo 

Por   

RAFAEL   

NIETO   

LOAIZA* 

La FAO sostiene que Colombia es uno de los siete países que tienen vocación de ser despensa del mundo.

Razones: la ubicación privilegiada en la cabeza de Suramérica, con acceso a los mercados de Asia, Estados Unidos y Europa; estar situados en la línea del ecuador y, por tanto, sembrar y cosechar en cualquier época del año; contar con agua en abundancia porque es el país donde más llueve del mundo y es el sexto con mayor capacidad hídrica total; y una variedad enorme de tipos de suelo y de pisos térmicos que van desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros. A diferencia de muchos países, en Colombia hay abundancia de tierras aptas para la agricultura, 39,2 millones de hectáreas, y tiene mano de obra disponible porque en las área rurales todavía habita el 23% de la población. Lo tenemos todo para ser una gran potencia agropecuaria.

Pero solo se cultivan 6.8 millones de ha, el 17% de la tierra apta; importamos 14,1 millones de tn de alimentos (el 18,5% de lo que consumimos) y además 6,1 millones más de maíz, soya y habas y torta para concentrado para animales; el 46,8% de los habitantes en las zonas rurales es pobre y el 18% vive en pobreza extrema.

Al campo hay que sacarlo del olvido, hacerlo productivo y, sobre todo, rentable, y convertirlo en el motor de desarrollo, de generación de riqueza y de creación de empleo. El campo es el único que puede reemplazar, a mediano plazo, los ingresos del petróleo y el carbón. Para eso se requiere:

Agua y alcantarillado (el grueso del 7% de colombianos que no cuenta con agua potable está en las zonas rurales) y sistemas de drenaje y distritos de riego.

Capacitación con doble titulación en las escuelas rurales, de manera que los campesinos puedan ser bachilleres y al mismo tiempo técnicos agrícolas o veterinarios, mejorar sustantivamente la productividad y evitar su desplazamiento a las grandes ciudades. Los campesinos que viajan a la universidad nunca regresan. Hay que acabar las Umata, fuentes de burocracia y clientelismo, y reemplazarlas por las universidades.

Competividad. Brasil, Costa Rica y Perú son mucho más productivos que nosotros. Hay que desarrollar estrategias para mejorar los precios como las denominaciones de origen, el desarrollo de productos con valor agregado, sellos de sostenibilidad ambiental y producción orgánica, y focalización en la exportación.

Cooperativismo. El campesino difícilmente sale adelante solo. Hay que incentivar mecanismos de cooperativismo y asociación. Los ejemplos exitosos de la Federación de Cafeteros y Colanta muestran el camino. Si se suma un agroindustrial, tanto mejor.

Crédito. El 90% de los campesinos está fuera del sistema financiero. Además hay que subsidiar los insumos, evaluar la compra de Monómeros, dar crédito a mediano y largo plazo. Hay que fomentar y extender los seguros agropecuarios.

Género. De los once millones de habitantes rurales, 5.8 millones son mujeres. Cuatro de cada diez hogares en Colombia tienen una mujer como cabeza de familia. Nadie las tiene en cuenta.

Infraestructura y logística de transporte y almacenamiento para acercar el producto al consumidor final, en particular vías terciarias (hoy hay apenas 142 mil km y solo el 8% está en buen estado) y una red de trenes que conecten Puerto Carreño con Buenaventura, Ipiales con Santa Marta, con ramales al Catatumbo y al Urabá.

Seguridad, indispensable para la vida tranquila. El deterioro de la seguridad no es un asunto de percepción sino de realidad.

Sostenibilidad. La actividad productiva debe ser responsable con las generaciones futuras y desarrollada con estándares de protección medioambiental que, además, mejoran los precios de compra. Hay que aprovechar, por otro lado, la potencialidad agrícola que nos da ser uno de los tres países más biodiversos del mundo. Investigación y biotecnología.

Tierra. La tasa de informalidad en el campo, 86%, es mucho mayor que el 46,9% nacional. Para la formalización es indispensable acelerar la titulación de tierras. Ojo, sin embargo, con la famosa ley de restitución. Hay que devolverlas a quienes hayan sido despojados pero proteger a los legítimos propietarios. La inseguridad jurídica frena cualquier inversión. Y de ninguna manera aprobar el tratado de Escazú.

*Abogado