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Enrique Gómez Martínez, sobrino del político y abogado de la familia, dijo que para ellos esto es un crimen de Estado.
Luego que la presidenta de la JEP Patricia Linares, anunciara que antiguos miembros del Secretariado de las Farc, en una carta, dijeron estar dispuestos a aportar verdad y reconocer su responsabilidad en el asesinato del líder político del Partido Conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995, se dieron los primeros pronunciamientos por parte de la familia.
Enrique Gómez Martínez, sobrino del político y abogado de la familia, dijo que esto es una forma de conseguir que en la Fiscalía se cierre la investigación preliminar que ha estado abierta por 25 años, y que para ellos esto es un crimen de Estado.
«La JEP se está prestando, su propósito será quitarle la competencia de la investigación a la Fiscalía para efectos de entrar en un procesito de tercera para condenar a algún falso muerto de las Farc fue el que estuvo en esto, e impedir que avance la investigación contra Ernesto Samper y Horacio Serpa. Lo habíamos advertido», sentenció.
Añadió que como abogado del caso, ha verificado y estudiado todas las hipótesis que han surgido por este asesinato, «como el supuesto involucramiento de Rito Alejo del Río, que han sido puras desviaciones». Reiteró que hay muchas pruebas que demuestras que este fue un crimen de Estado.
«Ya existen 322 pruebas entre testimoniales y documentales que confirman la ocurrencia de un crimen de Estado, entre otras ya han sido parcialmente validadas en el marco de interacción de narcotráfico y Estado», expresó.
Y añadió que hacen falta los testimonios e varios exnarcotraficantes del Cartel de Cali extraditados a Estados Unidos. Precisamente, en las últimas horas la Fiscalía ordenó la declaración jurada de varios de ellos, como Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
Gómez Martínez también comentó que han profundizado en archivos del DAS que muestran que Álvaro Gómez fue objeto de seguimientos.
Sobre si esta es la primera vez que se contempla un posible involucramiento de las Farc en este homicidio, el abogado explicó que en 2012 el senador José Obdulio Gaviria presentó unos documentos que serían de las negociaciones de Paz del Caguán y que hablaban del presunto involucramiento de la guerrilla
Sin embargo, indicó, esas fueron cotejadas por la Fiscalía con información obtenida del computador de Raúl Reyes «y se pudo establecer que en el computador de Raúl Reyes y los documentos de José Obdulio no había ninguna evidencia de comunicaciones internas de Farc en este sentido. Que ahora se trata de traer a colación en esta hipótesis», dijo.
Concluyó diciendo que, en todo caso, esto es algo que debería investigar la Fiscalía, «no esa jurisdicción amañada que no sirve para nada», refiriéndose a la JEP.