Tumaco, entre cultivos de coca, muertes, grupos armados ilegales y miedo

Los nombres usados en este artículo fueron cambiados para proteger la integridad de las personas

El municipio de Tumaco es el que más hectáreas de cultivos de coca tiene en el país. Según el informe ‘Monitoreos territoriales afectados por cultivos ilícitos 2016’, revelado en julio de 2017 por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, este territorio, ubicado en el departamento de Nariño, tiene 23.148 hectáreas sembradas, que representan el 16% del total nacional.

Una cifra bastante considerable si se tiene en cuenta que actualmente Colombia tiene 146.000 hectáreas cultivadas en todo el territorio, de acuerdo a este mismo informe. Lo preocupante en este caso, afirma el documento, es que este tipo de concentraciones hacen que se consolide la coerción por parte de grupos armados ilegales para mantener actividades ilegales como la comercialización de sustancias ilícitas.

Y este parece ser el caso de Tumaco. Según varios reportes hechos por la Defensoría del Pueblo, disidencias de las FARC, grupos paramilitares y bandas criminales (Bacrim) se están disputando el territorio que antes dominaban las columnas Daniel Aldana y Mariscal Antonio José de Sucre de las FARC.

Este hecho, sumado al conflicto que se ha generado en el municipio con los campesinos e indígenas a raíz de la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos diseñada por el Gobierno Nacional para darle cumplimiento al acuerdo de paz de La Habana y combatir el aumento de hectáreas de hoja de coca en el país, tienen a Tumaco “secuestrado”, como le dijo un líder comunitario.

La mayor prueba del gran conflicto social que atraviesa este territorio son los hechos ocurridos el pasado jueves, cuando seis campesinos de la vereda de Puerto Rico que manifestaban para defender lo que ellos consideran su derecho a sembrara hoja de coca, fueron asesinados y cincuenta más salieron heridos. Los hechos son investigados por la Fiscalía y la Procuraduría ente la presunta responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública.

Sin embargo, para *Francisco García, líder comunitario de Tumaco, lo que sucedió la semana pasada es solo la punta de un problema que tiene muchas aristas y que no es nuevo en el municipio. “Lo grave de este hecho es que hay varias organizaciones criminales de por medio. El Gobierno permanentemente ha intentado dialogar y poner en marcha la sustitución de cultivos, pero hay manos oscuras interesadas en que el proceso no se dé. Las mismas que estuvieron detrás de las protestas de los campesinos”, agregó García.

Las alertas de las autoridades están puestas en los sectores de Alto Mira, Frontera y en las veredas de Tandil, Brisas, puerto Rico y El Divorcio, por ser las zonas donde mayoritariamente se siembran cultivos ilícitos. Se calcula que alrededor de 10 mil familias viven de este tipo de siembras en el municipio.

Pero la situación va más allá, de acuerdo a lo relatado por este líder, porque en este conflicto no solo está involucrada la parte rural, sino también la urbana. “Las personas no pueden pasar de un barrio a otro porque pueden terminar asesinadas. Y si llega una persona que no es de la zona, se pone en riesgo automático. Nos toca acostarnos temprano para proteger nuestra integridad”, afirmó Francisco.

VIVIR EN EL MIEDO

“Amanecí llorando. Era sábado (…) No se me olvida porque toda la noche llovió muy duro, era impresionante la cantidad de agua. Cuando me paré, ahí estaba debajo de la puerta. Era un panfleto mojado. Lo recibimos alrededor de ocho líderes y es una amenaza directa. Desde ese día lo llevo todos los días en mi bolso”, contó *Sandra Castillo, una líder social de Tumaco.

El panfleto al que hace referencia le llegó hace más de una semana y dice: “Respetado pueblo del sur de Nariño y costas de Tumaco, reciban un fraternal saludo de las Guerrillas Unidas del Pacífico. Nuestra organización ha venido trabajando para mantener la paz y el orden de nuestra región luchando contra los paramilitares, ya que el Gobierno nos tiene olvidados. No tenemos nada en contra del Proceso de Paz y por el contrario, trabajamos con el pueblo y para el pueblo. Nuestros principal enemigo son los grupos paramilitares y los disociadores (….)”.

Concluye el texto afirmando: “Declaramos objetivo militar a toda persona natural o jurídica que apoye financiara o políticamente a Jhon  Benítez  Mejía, alias ‘Cusumbo’ (abatido hace cuatro días por las Fuerzas Militares), y a Róbinson Araújo Sánchez, alias el ‘Pollo’, y a toda su estructura paramilitar o personas que hagan parte de juntas o representantes comunitarios”.

Y esto es solo una muestra de lo que pasa con la población. De acuerdo con *Sofía Durán, involucrada en el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana en Tumaco, desde enero hasta ahora, se han presentado alrededor de 130 muertes violentas. “Hay una situación bastante difícil porque el pueblo está en medio de varios grupos armados como el Clan del Golfo y las Guerrillas Unidas del Pacífico”.

Sandra Castillo afirma que la problemática no se visibiliza más allá de las veces en que suceden hechos como los ocurridos el jueves y el domingo (una misión de la ONU fue atacada por la fuerza pública cuando se dirigían a hacer una inspección). “En esos casos viene el presidente y toda la Fuerza Pública llega a Tumaco, pero más demora Santos en montarse en el helicóptero que ellos en irse  y quedamos otra vez en la misma violencia”, agregó la líder.

Relata Castillo que el mismo viernes que el vicepresidente Óscar Naranjo viajó al territorio, alrededor de 260 personas fueron desplazadas del barrio Ciudad 2000 porque hubo un fuerte enfrentamiento entre dos grupos armados. “Nadie ha hablado de eso, pero la gente tiene miedo. Aquí ya no se puede salir en la noche. Después de las 6:00 p.m. todo está desolado”.

LOS JÓVENES

Los líderes de esta región afirman que los jóvenes están siendo reclutados por estos grupos al margen de la ley y que nadie está haciendo nada. “Los que tienen necesidades y no tienen oportunidades son los que están utilizando para estos fines”, dijo Francisco García.

Por su parte, Sandra Castillo afirmó que la situación de los jóvenes no ha mejorado con el Proceso de Paz porque siguen sumidos en la misma violencia que los mantiene intranquilos. “Ellos están en un abandono total porque aquí no hay construcción del tejido social y eso afecta a la población más vulnerable, que son ellos”, manifestó Castillo.

Sofía Durán afirmó que este caso necesita un plan de atención sólido en cuanto inversión social. “No es que no se haya recibido recursos, pero no hay seguimiento a lo que se invierte y por eso se deben tomar  medidas. Por esa situación hay una gran cantidad de jóvenes que no pueden acceder a la educación y terminan en estos grupos cuando les ofrecen recursos”, añadió Durán.

Tomado de Colprensa