Alertan sobre riesgos para firmantes de paz por división de grupos armados

Durante una audiencia de seguimiento a la orden emitida por la Corte Constitucional para garantizar la protección de los firmantes del Acuerdo de Paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un balance preocupante sobre la seguridad de los excombatientes que han intentado reincorporarse a la vida civil.

Según Marín, la creciente fragmentación de los grupos armados ilegales está incrementando el riesgo para esta población, lo que dificulta el seguimiento de los riesgos y la capacidad del Estado para responder de manera efectiva.

Marín destacó que una de las regiones más afectadas por la violencia es el Catatumbo, donde varios firmantes han sido asesinados, desplazados y confinados debido al conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, que luchan por el control del territorio.

«Han asesinado al menos a seis personas firmantes por causas violentas, 12 firmantes han sido evacuados, 166 firmantes y sus familias han sido desplazados, y se tiene el reporte de la desaparición forzada de al menos 14 firmantes de paz. Esto, en un contexto en el que se reporta el desplazamiento masivo más grande desde que se tiene registro en la institucionalidad en el año 1997», señaló Marín.

Durante la audiencia, Olga Marcela Rico, delegada de los firmantes de paz, sugirió que la Defensoría del Pueblo establezca una Alerta Temprana Nacional para prevenir los riesgos en los territorios afectados, especialmente en el contexto de las próximas elecciones.

Rico explicó que, debido a los patrones de riesgo observados en varias regiones del país, es esencial que se adopten medidas preventivas para garantizar la seguridad de los excombatientes en su participación política y reincorporación.

Desde 2022, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en Colombia sobre la seguridad de los firmantes de paz.

En esta primera parte de la audiencia, la Corte realizó un balance sobre las acciones del Estado para prevenir riesgos y activar mecanismos de protección.

A pesar de los esfuerzos, la situación de los excombatientes sigue siendo grave, especialmente en zonas como el Catatumbo, donde los desplazamientos masivos y los actos de violencia continúan afectando a esta población vulnerable.

/Colprensa