Comunidad wayúu exige imputación de cargos a tres ex funcionarios en caso UNGRD

 La comunidad indígena wayúu de La Guajira, a través de su abogado y representante civil, Pablo Bustos, pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, acelerar la imputación de cargos y la solicitud de medidas de aseguramiento contra tres ex funcionarios del Gobierno implicados en el entramado de corrupción que involucró a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Los exfuncionarios mencionados son Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); César Manrique, exdirector de la Función Pública; y Gerardo Vega Molina, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras.

Según Bustos, existe un alto riesgo de que estos puedan obstruir la justicia mediante la destrucción de pruebas e influir sobre potenciales testigos.

Solicitud urgente

El abogado, en representación de la comunidad wayúu, explicó que la solicitud tiene como fin evitar una mayor impunidad en el caso, aludiendo al precedente ocurrido con Sandra Ortiz, cuando ya se habían perdido 50 cajas de documentos y discos duros al inicio de la investigación.

“La razón principal de la solicitud a la fiscal general y a las fiscales del caso es evitar la obstrucción a la justicia mediante la destrucción de evidencias, manipulación de las mismas, manipulación de testigos y sobre todo, generar una impunidad mayor a la que hasta ahora se advierte en esa investigación judicial”, precisó Bustos en diálogo con La FM.

Según las pruebas hasta ahora recolectadas, Carlos Ramón González habría sido quien instruyó a Olmedo López para coordinar la entrega de $3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones a quien fuera el presidente de la Cámara, Andrés Calle, a través de Sandra Ortiz, que en ese momento se desempeñaba como consejera para las regiones de la Presidencia.

Este caso está relacionado con la celebración de contratos por más de $96.347 millones, financiados con recursos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y que involucraron la contratación de servicios y equipos para atender situaciones de desastre en La Guajira.

La Fiscalía investiga al exsubdirector de Conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto Gantiva, por su presunta gestión en la reunión con Gerardo Vega, director de la ANT, para redirigir recursos cercanos a los $100.000 millones hacia contratistas amigos.

Entre los contratos bajo investigación, se incluyen compras de carrotanques, plantas desalinizadoras y pozos subterráneos por montos millonarios. Estos contratos, adjudicados entre 2023 y 2024, se destinaron a la compra de equipos e infraestructura para mejorar el acceso al agua potable en la región afectada por la crisis humanitaria.

La comunidad indígena wayúu, además de su solicitud ante la Fiscalía, expresó sentirse revictimizada por el lento avance en la judicialización de los implicados.

También se quejaron por la falta de cumplimiento de las promesas hechas tras destaparse el escándalo, como la entrega de los 40 carrotanques que se habían comprometido para mitigar la crisis en la región, de los cuales solo nueve estarían operativos, lo que afecta gravemente la salud de las comunidades vulnerables.