La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el asesinato del líder social y defensor de derechos humanos Freiman David Velásquez, integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), ocurrido el 19 de mayo en zona rural del municipio de Ábrego, en Norte de Santander, en hechos en los que también murieron dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otras tres personas, días después de que representantes de las asociaciones campesinas de Catatumbo advirtieran ante la jurisdicción la situación de seguridad que vive esa región.

Velásquez dedicó su vida a la organización campesina y a la defensa del territorio y los derechos humanos frente a las acciones de los grupos armados ilegales que se enfrentan entre sí en el Catatumbo, según indicó la JEP.

Los días 6 y 7 de mayo, en una audiencia territorial realizada en el municipio de Ocaña, en Norte de Santander, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, presidida por el magistrado Pedro Díaz Romero, escuchó a representantes de las asociaciones de Catatumbo, quienes expusieron la situación de seguridad de la región.

Pablo Antonio Téllez Carrascal, en representación de Asubcat, junto con otros líderes de organizaciones sociales de Catatumbo, expuso ante la jurisdicción los desplazamientos, asesinatos, hostigamientos y persecución que sufren las comunidades y sus líderes en la zona. La JEP señaló que esas advertencias "se materializaron" con los asesinatos del 19 de mayo.

El grupo armado ilegal Ejército de Liberación Nacional (ELN) se adjudicó la autoría de la masacre, cometida en la vereda Oropoma del municipio de Ábrego, en la vía que comunica con Ocaña. Junto a Velásquez fueron asesinados Iván Stiven Camacho Castillo, Mayerlis Yoselín Hernández Ramírez y Yidy Smith Velásquez Benítez, además de los escoltas de la UNP Robinson Carvajalino y Sebastián Murillo.

La JEP llamó a los actores armados a "cesar la violencia contra la población civil y los líderes sociales", y a respetar sus vidas, integridad personal y los derechos protegidos en la Constitución Política, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La jurisdicción también se solidarizó con las víctimas, con Asuncat y con la comunidad de Catatumbo, para quienes solicitó "la protección de las instituciones del Estado a través del Gobierno nacional".

• COLPRENSA