Un nuevo capítulo se abrió alrededor de la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Un salvamento de voto conocido en las últimas horas solicita que no se archive el expediente y, por el contrario, se avance hacia una investigación formal por presuntas irregularidades relacionadas con aportes, gastos electorales y posibles violaciones a las normas de financiación de campañas.

El documento, de aproximadamente 60 páginas y que sería incorporado al expediente 5914 de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, controvierte la propuesta de cerrar el caso y sostiene que existen elementos suficientes para profundizar las indagaciones sobre el manejo financiero de la campaña Petro Presidente.

El escrito fue elaborado por uno de los representantes investigadores encargados del proceso y expone cuatro ejes principales que, según el análisis presentado, podrían configurar eventuales faltas electorales y conductas de carácter penal.

Uno de los puntos señalados hace referencia a presuntos aportes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode. El documento sostiene que los sindicatos tienen prohibido realizar aportes a campañas presidenciales, citando jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Otro de los apartados menciona recursos aprobados por la Unión Sindical Obrera, USO, durante una asamblea realizada en junio de 2022, pocos días antes de la segunda vuelta presidencial. Según el salvamento de voto, dichos fondos habrían tenido como propósito fortalecer la campaña electoral y presuntamente no habrían sido reportados ante el Consejo Nacional Electoral, CNE.

El documento también expone supuestas inconsistencias relacionadas con facturación de servicios de transporte aéreo. De acuerdo con el análisis citado en el expediente, existirían diferencias entre registros de la Aeronáutica Civil y los valores reportados oficialmente ante las autoridades electorales, lo que habría generado dudas sobre una posible superación de topes de campaña.

A esto se suman presuntos pagos a testigos electorales a través de empresas de giros postales que, según el escrito, tampoco habrían sido reportados en la plataforma oficial de rendición de cuentas.

El salvamento de voto advierte además que la delegación de funciones financieras dentro de la campaña no excluiría una eventual responsabilidad del entonces candidato presidencial, al considerar que podrían existir elementos para analizar una posible responsabilidad por omisión.

La aparición de este documento deja en evidencia divisiones internas dentro de la Comisión de Acusaciones sobre el rumbo que debe tomar el proceso. Mientras un sector considera que el caso debería archivarse, otro sostiene que aún existen suficientes dudas y elementos probatorios que justificarían mantener viva la investigación.

Hasta el momento no existe una decisión definitiva sobre la apertura formal del proceso y tampoco se ha emitido un fallo que establezca responsabilidades contra el presidente Petro. Sin embargo, el caso vuelve a poner en el centro del debate nacional la transparencia en la financiación de campañas políticas y el control sobre los recursos utilizados durante las elecciones presidenciales de 2022.