Más de 300 usuarios y familias denuncian que la entidad ha eliminado subsidios, modificado créditos sin consentimiento y capitalizado intereses, lo que ha llevado a miles de jóvenes al sobreendeudamiento. En una carta firmada por más de 300 usuarios, familiares y codeudores, los afectados por los créditos del Icetex solicitaron a la Comisión Primera del Senado de la República avanzar con la designación de ponentes y la aprobación del Proyecto de Ley 301 de 2025 Senado 587 de 2025 Cámara, que busca una reforma estructural de la entidad. Los firmantes advierten que miles de jóvenes y familias colombianas se encuentran “atrapados en deudas impagables” debido a los altos intereses, la eliminación de subsidios y la falta de acompañamiento institucional. Según el documento, actualmente el Icetex cuenta con 893.663 beneficiarios activos, de los cuales cerca de 234.000 se vieron afectados directamente por la eliminación de los subsidios a la tasa de interés y de sostenimiento. Esta medida, afirman, incrementó las cuotas mensuales y obligó a muchas familias a escoger entre pagar el crédito o cubrir necesidades básicas. Los usuarios señalan que la decisión contradice leyes como la 1547 de 2012, la 1753 de 2015 y la 1911 de 2018, que garantizan el acceso a subsidios para los estudiantes de menores ingresos. La carta también denuncia que la entidad ha realizado modificaciones unilaterales a los créditos bajo el argumento de falta de disponibilidad presupuestal, y que continúa aplicando la figura de capitalización de intereses, lo que genera un aumento progresivo e impagable de las deudas. “Hay personas que han pagado el doble o el triple de lo que se les prestó y, aun así, la deuda no baja”, señala el texto, calificando esta práctica como una condena financiera de por vida. Los usuarios respaldan la iniciativa legislativa en trámite en el Senado, que propone medidas como limitar las tasas de interés al IPC más dos puntos, prohibir la capitalización de intereses, restituir los subsidios, establecer condonaciones claras, fijar un tope máximo de pago de 1,5 veces el valor prestado y ofrecer acompañamiento integral a los beneficiarios, incluyendo apoyo en salud mental y orientación laboral. Asimismo, solicitan al Gobierno Nacional respaldar públicamente la reforma y garantizar en el Presupuesto General de la Nación de 2026 los recursos necesarios para sostener los subsidios. También piden medidas de alivio temporal, como la recomposición de cuotas y la suspensión de cobros abusivos mientras la ley entra en vigencia.