La Corte Suprema de Justicia lanzó una severa advertencia a un despacho de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá por la congestión y lentitud en sus procesos, al considerar que esta situación vulnera los derechos de las víctimas a la reparación y podría abrir la puerta a una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI). El pronunciamiento se originó al estudiar una acción de tutela de Orlando Beleño Niño, víctima de la toma armada perpetrada por la extinta guerrilla de las Farc el 3 de agosto de 1998 contra un batallón del Ejército en Miraflores, Guaviare, un ataque por el cual fue secuestrado durante casi tres años en los que padeció torturas y toda clase de vejámenes. Casi 25 años después de su liberación, los responsables que se sometieron a la justicia transicional no han recibido una sentencia condenatoria. La víctima aseguró en su recurso legal que desde el 27 de noviembre de 2018, cuando finalizaron los alegatos de conclusión, ha estado esperando una resolución en el proceso contra los postulados que aceptaron su participación en los hechos hace más de una década. Este caso recayó en la Ley de Justicia y Paz, creada inicialmente para juzgar a paramilitares, porque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aún no ha llamado a los exguerrilleros implicados como comparecientes forzosos. El magistrado del Despacho 003 de la Sala de Justicia y Paz justificó la demora en “la altísima complejidad del caso, en los avances significativos en la revisión de los folios que componen el expediente y en el tiempo que le tomará volver a escuchar las más de 172 horas de audiencias”. Sin embargo, la Corte Suprema desvirtuó esos argumentos y concluyó que se vulneró el derecho de acceso a la justicia del accionante, quien ha acompañado un proceso durante más de 11 años sin obtener un fallo. La Sala de Decisión de Tutelas No. 2, con ponencia de los magistrados José Joaquín Urbano, Gerardo Barbosa y Hugo Quintero, analizó el rendimiento general del despacho y encontró cifras preocupantes. El análisis reveló que, entre 2011 y 2022, dicho despacho profirió apenas diez sentencias y actualmente tiene 36 casos activos a su cargo. La Corte advirtió que "esto es preocupante pues sería indicativo de que dicta una sentencia cada 13 meses y medio y de que, con ese ritmo, le faltarían 39 años y seis meses para resolver los 36 casos pendientes". Con base en esta proyección, el alto tribunal sostuvo que la investigación y judicialización de los crímenes bajo el régimen de Justicia y Paz podría extenderse por 59 años y 6 meses, es decir, 12 años más de lo que duró el conflicto armado. "Esta situación rompe cualquier parámetro de razonabilidad", refutó la Corte, y añadió que esto "conllevaría la denegación de los derechos de las víctimas directas del conflicto, y que las indemnizaciones no sean para ellas, sino para sus herederos". La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) fue el marco jurídico creado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para facilitar la desmovilización de grupos paramilitares, principalmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este sistema de justicia transicional buscaba un equilibrio entre la paz y los derechos de las víctimas, ofreciendo penas alternativas de entre 5 y 8 años de prisión a cambio de confesión plena, verdad y reparación con los bienes ilícitos. Para su implementación se crearon salas especializadas en distintos tribunales del país. Pese a que cerca de 32.000 combatientes se desmovilizaron bajo este esquema, el sistema ha enfrentado críticas por su lentitud. En el caso de Miraflores, la Corte señaló que si bien sería desproporcionado exigir un fallo en 10 días, un retraso de casi siete años desde que el caso quedó listo para sentencia "es claramente excesivo". La Corte criticó la metodología del despacho accionado, explicando que su misión no es garantizar "una rigurosísima valoración de las pruebas" ni "reconstruir con absoluta precisión la verdad histórica". Agregó que "el desvío hacia la búsqueda de una verdad histórica omnicomprensiva —folio por folio, minuto a minuto— en cada elemento de la macroinvestigación desnaturaliza el modelo procesal, sobrecarga el sistema judicial y termina afectando las garantías de las víctimas”. Finalmente, la Corte concluyó que este escenario "representaría el fracaso estructural del modelo de justicia transicional de Justicia y Paz". Además, lanzó la advertencia más grave: "abriría la posibilidad de activar la competencia complementaria de la Corte Penal Internacional (CPI), dado que el Estado colombiano no habría demostrado capacidad ni disposición para investigar o enjuiciar los crímenes de su competencia. O, en el peor de los casos, imperaría la impunidad del conflicto armado colombiano”. /Colprensa