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Fue el exalcalde Carlos Caicedo Omar quien durante su gobierno advirtió de las irregularidades que rodearon la selección de la tutela en la Corte Constitucional, cuyo fallo tardío le representó a R&T ganancias por mas de 20 mil millones de pesos.
El exalcalde Carlos Caicedo le exigió a la multinacional española Inassa -propietaria de la antigua empresa de Recaudos y Tributos (R&T) y de Metroagua-, al igual que al exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub, que indemnicen con una millonaria suma a la ciudad de Santa Marta, tras advertirse que ´torcieron´ a la justicia para favorecer los intereses de la filial española.
Así lo dio a conocer Caicedo tras el más reciente caso de corrupción que salpica a dichas concesiones y al mismo Pretelt Chaljub en el marco de la ‘Operación Acordeón’, adelantada por la Fiscalía, la cual dio a conocer la diligencia judicial a través de un comunicado.
En dicho oficio, el ente acusador indicó que obtuvo información producto de cooperación judicial y varias declaraciones que dan cuenta del presunto pago de una elevada suma de dinero al citado magistrado de la Corte, a cambio de favorecer los intereses de la R&T, en el trámite de revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado 5 Civil del Circuito de Santa Marta, el 26 de junio de 2012, con motivo de la controversia originada entre esa empresa y el Distrito de Santa Marta en tomo a la revisión de legalidad del contrato para la modernización en el sistema de gestión y recaudos tributarios de esta ciudad.
“Ese escándalo lo denunciamos contra Pretelt y Escobar. El exmagistrado Pretelt fue quien conoció en la Corte la revisión de tutela que en primera y segunda instancia fallaron los jueces civiles de Santa Marta a favor de la concesión R&T, pese a la decisión que nosotros tomamos en el primer trimestre de 2012 para terminar esta concesión leonina que privatizó los impuestos de la ciudad, siendo eso algo contrario a la Ley. Vamos a continuar con esta lucha y con las denuncias que tengamos que impulsar para que Inassa, Metroagua y R&T indemnicen a Santa Marta porque ellos tanto como Pretelt están en deuda con la ciudad por estos presumibles actos de corrupción, los cuales acusamos y terminamos ganando la batalla contra esa concesión de recaudos tras un fallo de la misma Corte. La gente debe recordar que nuestras políticas públicas era la de revisar todas las concesiones para garantizar la soberanía fiscal”, precisó Caicedo.
Igualmente, el exalcalde manifestó que dichas acciones por parte de los implicados le costaron “cerca de $70 mil millones al Distrito. Sin embargo, con la terminación diligente de la misma en el 2014 pudimos ahorrarle a la ciudad cerca de $140 mil millones. No obstante, entre el 2012 y el 2014, a través de tutelas apoderadas por Escobar, R&T e Inassa, se valieron de sus influencias en la Corte con el magistrado Pretelt, motivo por el que la Ciudad perdió cerca de $18 mil millones, lo cual le corresponde a la Alcaldía reclamarle a Pretelt porque se trata de recursos públicos que sirven para parques o puestos de salud”, dijo.
El exalcalde Caicedo recordó que sus denuncias le valieron una investigación en su contra por parte de la Procuraduría General de la Nación, que buscaba frenar el proceso que había adelantado. ‘‘Inclusive, el excontralor distrital, Horacio Escobar -pariente del abogado Escobar- le pidió al Presidente que me retirara del cargo como Alcalde porque le preocupaba que fuéramos a fondo contra Inassa. Los políticos del Magdalena también impulsaron dicha investigación en la Fiscalía para que yo fuera detenido porque aquí hay un sistema de corrupción que afecta a las instituciones privadas y públicas. Inassa quería atornillarse en la ciudad cobrando impuestos de manera irregular, dineros que utilizaban para sobornar a los magistrados. Si así era con los magistrados como serían con los otros miembros de la rama”, acusó el hoy líder de Fuerza Ciudadana.
Por su parte, la Fiscalía aseguró que el supuesto soborno se habría pagado con cargo a contratos ficticios suscritos por la sociedad Recaudos y Tributos.
“La Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, profirió la sentencia T-082 de 12 de diciembre de 2012 en beneficio de los intereses de la sociedad R&T, pero esta decisión fue posteriormente declarada nula por la Sala Plena de la misma Corporación, a instancia del Distrito de Santa Marta, mediante Auto 155 de 28 de mayo de 2014”, dijo la Fiscalía.
De otro lado, Caicedo dijo que ‘‘Al asumir la Alcaldía de Santa en el año 2012 nos dimos a la tarea de revisar el conjunto de concesiones que habían privatizado prácticamente todos los servicios públicos de la ciudad, uno de ellos el recaudo tributario. El contrato 092 del 2002 suscrito con anterioridad a nuestra llegada a la Alcaldía había privatizado este servicio a favor de la empresa R&T, filial de la multinacional española Inassa, esto conducía a que durante 20 años Inassa y R&T irían a cobrar los impuestos de Santa Marta llevándose un porcentaje absolutamente leonino: el 8% del recaudo corriente de la vigencia y el 14% de la vigencia expirada. Luego de una modificación en la administración del señor Diaz Granados por un 1% y mantuvieron la plena vigencia de este contrato con lo cual se le había pagado a esta multinacional española la suma cercana a los 66.000 millones de pesos que bien se han podido invertir en la ciudad en distintas obras sociales si se asumía lo de sus competencias’’, puntualizó.