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JEP reconoce los aportes hechos por los 115 pueblos indígenas
Cuando ayer se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas la Jurisdicción Especial para la Paz reconoció sus aportes a la Justicia Transicional Restaurativa.
La participación de los Pueblos Indígenas en la JEP, mediante un diálogo horizontal, intercultural e interjusticias, ha permitido avanzar en la aplicación de una justicia restaurativa que responda a las demandas de las víctimas y contribuya a reparar los daños causados a ellas, sus comunidades y el territorio.
La Jurisdicción Especial para la Paz tiene el foco de aplicar un enfoque étnico-racial en sus investigaciones respetando la justicia propia que tienen los 115 pueblos indígenas que hay en Colombia y por eso desde el año 2019 se acordó un protocolo que sirve de mecanismo de relacionamiento, articulación y coordinación interjurisdiccional.
Este protocolo se llama: ‘Diversidad Étnica y Cultural, Pluralismo Jurídico y Consulta Previa’ con el cual se ha buscado garantizar la participación y acceso a la justicia de los pueblos indígenas que históricamente han visto sus derechos vulnerados.
Como resultado del relacionamiento correcto con ellos se garantiza su participación en los macro-casos de investigación que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz para esclarecer los crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en medio de conflicto armado en Colombia.
En el año 2019 la Sala de Reconocimiento de Verdad acreditó como víctimas al Katsa Su, gran territorio del Pueblo Awá y al Eperara Euja territorio-mundo del Pueblo Eperara Siapidaara, esto en el marco del Caso 02, que priorizó la situación de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas. En esta investigación la JEP, le atribuyó responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 exintegrantes de las Farc, por hechos cometidos contra Pueblos, Comunidades, Poblaciones y Territorios de Nariño.
En febrero del año 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz acreditó a más de 11 mil víctimas de 69 comunidades indígenas en el Caso 04, que priorizó la situación territorial de Urabá.
Por otro lado, durante 2023 y el primer semestre de 2024, en el marco del Caso 09, que investiga los crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos durante el conflicto armado, la Sala de Reconocimiento llevó a cabo diligencias interculturales e interjusticias con los Pueblos Indígenas del Chocó y del Valle del Cauca. Estas diligencias sirvieron para ampliar informes y acordar la ruta de participación de estos pueblos en el caso.
En el año 2023 la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP también imputó a otros diez exintegrantes de esa antigua guerrilla de las Farc por la afectación sistemática al derecho a la identidad cultural de los pueblos ancestrales indígenas del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca. La decisión, que se tomó en el marco del Caso 05, concluyó que las columnas Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de las Farc afectaron de manera extendida y duradera el medio ambiente mediante la instalación de minas, la realización de ataques con explosivos y la invasión violenta de territorios indígenas y afrodescendientes, afectando especialmente los páramos de la región.
Una de las más recientes decisiones relacionadas con los Pueblos Indígenas se dio el pasado 25 de junio de 2024, cuando la JEP acreditó como víctimas al Territorio ancestral, sagrado y colectivo de la Sierra Nevada de Gonawindua (Santa Marta) y a los Pueblos Iku (Arhuaco), Kaìggaba (Kogui), Wiwa y Kankuamo. La decisión, que se tomó dentro del Caso 09, se fundamentó en los hechos victimizantes y los daños graves, diferenciados y desproporcionados expuestos por diferentes organizaciones de víctimas de los Pueblos Indígenas y de derechos humanos en sus informes.
La Jurisdicción Especial para la Paz es consciente de que, el modelo de Justicia Transicional Restaurativa, y la construcción de una paz en los territorios, solo tendrá éxito, siempre y cuando se mantenga un diálogo directo y respetuoso con los Pueblos Indígenas y sus autoridades.