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Defensoría del Pueblo hará seguimiento a acuerdos de suspensión de cortes de luz
Los usuarios del servicio de energía en el Caribe se quejan permanentemente por el alto costos de las tarifas y mientras tanto el Gobierno no da una solución al tema de la opción tarifaria.
Un seguimiento permanente anunció la Defensoría del Pueblo al acuerdo logrado entre el Gobierno Nacional, los entes departamentales y locales del Caribe y la empresa Air-e, para suspender los cortes de energía entre agosto del 2024 y enero del 2025.
Eran unos cortes de hasta ocho horas diarias que venía haciendo el prestador del servicio de energía eléctrica vulneraban los derechos fundamentales de las comunidades, como a la vida por conexidad con la salud; por ejemplo, para los usuarios de establecimientos hospitalarios y clínicos y las personas electrodependientes en sus respectivas viviendas.
De acuerdo con la Defensoría, “era una acción a todas luces inconstitucional, sobre todo porque tener acceso al servicio no es un privilegio, sino una condición, además, para el disfrute necesario de una serie de derechos a partir de la conservación de alimentos, la climatización de espacios, la iluminación, el acceso a la educación, entre otras actividades indispensables en el día a día”.
El defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina, recibió de parte de las comunidades sus inconformismos por las deficiencias en la prestación del servicio de energía eléctrica.
Balanta expresó que espera que en el curso de los próximos meses la empresa Air-e y las autoridades del ramo logren establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar soluciones estructurales, a fin de que garanticen un servicio adecuado a las necesidades de la población.
Así mismo y dado que los cortes han desencadenado en protestas y bloqueos en vías, lo cual ha derivado en la exacerbación de la conflictividad social, como también ha afectado varios renglones de su vida a parte de la población en la zona norte del país, la Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la participación de gobernadores y alcaldes, a propender por soluciones efectivas y reales y hacer cumplir el régimen constitucional y legal en la prestación del servicio hecho por Air-e.
