Negociadores del proceso de paz con Farc rechazan el fast track

 Dos de los grandes artífices que tuvo el país para lograr el acuerdo de paz con la entonces guerrilla de las Farc en 2016 para firmar su desmovilización, se desmarcaron este miércoles de la propuesta del presidente Gustavo Petro de volver al fast track para poder apurar y tramitar los acuerdos pendientes.

En tal sentido se pronunciaron el jefe negociador que tuvo el gobierno de Juan Manuel Santos en la mesa con las Farc, el hoy senador Humberto de la Calle, como también quien fungió como alto comisionado de paz para ese momento, Sergio Jaramillo, quienes en un profundo comunicado expusieron sus puntos de vista sobre la forma de terminar los compromisos del acuerdo y para eso insisten en “en momentos en que el Acuerdo de Paz de 2016 vuelve a estar en el centro de la discusión, queremos lanzar la consigna ¡Volvamos al Acuerdo! para que no solo el Gobierno Nacional, sino la sociedad entera y la comunidad internacional retomen la implementación del Acuerdo como un propósito nacional”.

De La Calle y Jaramillo, señalan que no creen necesario “apelar a mecanismos de «fast track», que en todo caso exigen reformas constitucionales que retrasarían en al menos un año la implementación del Acuerdo. Recordemos que el «fast track» surgió como una garantía en un momento crítico como fue el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de las FARC, que requería su coordinación con una serie de garantías jurídicas. Esa urgencia no subsiste hoy. Tampoco tiene justificación un nuevo “fast track” para temas ajenos al Acuerdo”.

E incluso van más allá en su comentario, “un mejor mecanismo es precisamente el acuerdo nacional que es un compromiso establecido en el Acuerdo de Paz. Si se logran consensos políticos alrededor de puntos críticos de la implementación, el paso por el Congreso de la República de las leyes que se deriven de ese acuerdo no debería presentar mayor dificultad. Debemos recordar que una asamblea constituyente no fue nunca el propósito del acuerdo nacional propuesto en el Acuerdo”.

Sostienen que “que el corazón de la implementación del Acuerdo de Paz no está en las normas sino en el compromiso de todos los funcionarios públicos con el Acuerdo, en la vigorosa puesta en marcha de las políticas públicas necesarias para su implementación y en la inclusión de toda la sociedad en las regiones en un modelo que hemos llamado de «paz territorial». Por eso volvemos a decir de la mano de las comunidades en todas las regiones de Colombia: ¡Volvamos al Acuerdo!”.

Se apartan también De La Calle y Jaramillo de otra de las ideas del presidente Petro sobre el acuerdo de paz, “no compartimos, sin embargo, la idea equivocada del Presidente de promover un nuevo “tribunal de cierre” después de los enormes esfuerzos que hicieron los tribunales de Justicia y Paz y que ahora está haciendo la JEP. No es solamente un asunto de costos: la idea de un tribunal de cierre que conduzca a un “perdón social” –de facto a una amnistía general encubierta– echaría al traste con todos estos esfuerzos y derrumbaría la seguridad jurídica de quienes hoy están sometidos a la JEP. Colombia ha puesto un nuevo estándar internacional tras el cierre del examen preliminar de la Corte Penal Internacional. Lo tenemos que proteger. Alentamos a la JEP a trabajar de forma expedita y ceñida a los fines del Acuerdo”.

Destacan la designación del nuevo Ministro del Interior Juan Fernando Cristo como coordinador de la implementación del Acuerdo, ya que debería facilitar la supervisión de estos esfuerzos y el cumplimiento de las metas.

También expresaron que “en cuanto a la idea de extender los tiempos del Acuerdo, es una propuesta razonable en relación con los procesos que exijan esfuerzos fiscales, pero no se debería extender a medidas transicionales del Acuerdo que tienen límites legales e incluso constitucionales. También celebramos el énfasis que ha hecho el Presidente en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs), en cuyo diseño participaron casi 250.000 personas en todas las regiones que ocho años después de la firma aun no ven indicios de una verdadera transformación territorial”.

/Colprensa