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Juez ordenó la captura del Agente de la Essmar

Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de Garantías de Santa Marta, libró orden de captura en contra de Jorge López Echeverry, en su calidad de agente interventor de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, Essmar E.S.P., por incumplimiento de un fallo de tutela del pasado 24 de abril del 3034.

De inmediato, el despacho del togado ofició al mayor Diego Vicente Sepúlveda Rocha, para que, en su calidad de Jefe Seccional de Investigación Criminal, comandante de la Sijín en Santa Marta, cumpla con la medida de orden de captura.

El oficio calendado con fecha del 10 de julio del 2024, advierte que el despacho judicial mediante providencia del 25 de junio del 2024, resolvió imponer cinco días de arrestos y multa de tres salarios mínimos legales mensuales, por incumplir un fallo de tutela.

De acuerdo con el fallo del juez Jairo De Jesús Ramos Lago, la anterior decisión se tomó, teniendo en cuenta el incumplimiento de un fallo de tutela del pasado 24 de abril del 2024, proferido por ese mismo despacho judicial, sanción fue confirmada mediante providencia del 8 de julio del 2024, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta.

“En consecuencia se ordena la captura del mencionado, es decir, Jorge López Echeverry, y remitirlo a los calabozos de la Sijín, Policía Nacional de Santa Marta, por el término antes señalado a disposición de este juzgado”, dice aparte de la orden de captura.

Advierte el despacho judicial, se le deberá informar al sancionado que la multa impuesta deberá consignarla a favor del Consejo Superior de la Judicatura.

A RESPONDER POR MÁS

Aunque se cometieron en fecha de la cual no hacía parte de Essmar, el sancionado Agente Interventor de esa empresa deberá responder por el despilfarro de dinero proveniente del alumbrado público por un monto superior a los 10 mil millones de presos.

Según Edward Orozco Oñate, ese despilfarro se debe se debe a la corrupción evidenciada en el contrato que esta entidad otorgó al Consorcio CONLUS, el cual excede los límites establecidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

De acuerdo con el funcionario, Essmar estipuló el contrato con un tercero, con el ‘Consorcio CONLUS’, bajo un porcentaje del 10.3% por concepto de administración, operación y mantenimiento. Sin embargo, esta le asignó «obligaciones adicionales», lo que aumentó un 2.5%, llevándolo a un total de 12.8%.

El aumento del porcentaje del contrato, según el personero, correspondió a un total de $6.500 millones, cifra que generó preocupación y sorpresa en el ente de control, dado que Santa Marta cuenta con uno de los peores alumbrados públicos del país, elaborados con material de sodio.

“Se evidencia que la Essmar E.S.P. realizó actas modificatorias en las vigencias 2020 y 2023, al contrato inicial de Prestación de Servicios No. 333 de 2019 suscrito con el consorcio CONLUS, para desarrollar obras de infraestructura nueva de expansión y/o modernización del sistema de alumbrado público de Santa Marta, actividades que no hacen parte de las labores contratadas de administración operación y mantenimiento”.

En virtud de estas actuaciones administrativas que no han quedado bien clara ante la ciudadanía Orozco Oñate, presentó Acción Popular ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Magdalena con el objeto de amparar a la comunidad afectada en sus derechos colectivos constitucionales correspondientes a la moralidad administrativa y al patrimonio público.

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