HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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JEP acredita como víctimas a 4 etnias de la Sierra Nevada

El Territorio ancestral, sagrado y colectivo, de la Sierra Nevada de Gonawindua (Santa Marta) y los Pueblos Indígenas Iku (Arhuaco), Kággaba (Kogui), Wiwa y Kankuamo han sido acreditados este martes como víctimas por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Esta decisión parte del proceso judicial que investiga los crímenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos, responde a los hechos victimizantes y daños graves, diferenciados y desproporcionados sufridos durante el conflicto armado.

Esta acreditación hace parte del proceso judicial que adelanta la magistratura en la Sierra Nevada de Santa Marta y algunos municipios de la Serranía del Perijá.

Esta decisión fue tomada por las solicitudes presentadas por los Pueblos Indígenas y sus procesos organizativos, y la información presentada sobre los hechos victimizantes y los daños graves, diferenciados y desproporcionados sufridos durante el conflicto armado.

En los informes se expuso la violencia ejecutada a través de: asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y confinamientos, despojos, torturas, violencia sexual y basada en género, profanación de sitios sagrados y destrucción del Territorio y la Naturaleza, entre otras conductas; cometidas en contra sus líderes, lideresas, autoridades tradicionales, estructuras organizativas, mujeres y niñas y el Territorio, poniendo de manifiesto el impacto en los planes de vida individuales y colectivos y en su existencia física, cultural y espiritual.

Por su parte, acreditar como víctima al Territorio ancestral, sagrado y colectivo de la Sierra Nevada de Gonawindua (Santa Marta) constituye su reconocimiento como sujeto de derechos a partir de la cosmovisión, los sistemas de conocimiento y los sistemas jurídicos de los cuatro Pueblos Indígenas.

El Territorio de la Sierra Nevada de Gonawindua hace parte del corredor del conflicto armado denominado “Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijaì”, uno de los 17 corredores identificados por la Comisión de la Verdad en el capítulo “Resistir no es aguatar. Violencias y daños contra los Pueblos Étnicos de Colombia” del Informe Final “Hay Futuro si hay Verdad”.

Con la decisión de acreditación se materializan los derechos de participación que tienen las víctimas ante la JEP y los principios de pluralismo jurídico y diversidad étnica y cultural.

La JEP, además, certificó la calidad de víctimas de los pueblos indígenas Iku (Arhuaco), Kággaba (Kogui), Wiwa y Kankuamo. La justicia transicional considero su calidad de sujetos colectivos de derechos en medio del proceso judicial que se adelanta en la Sierra y en algunos municipios de la Serranía del Perijá, en el Caribe colombiano.

Para tomar la decisión, la Jurisdicción tomó en cuenta las solicitudes presentadas por los cuatro pueblos indígenas y sus procesos organizativos, así como la información recogida sobre los hechos victimizantes y los daños “graves, diferenciados y desproporcionados” que padecieron, tanto el territorio como sus habitantes, durante el conflicto armado.

En los informes se expuso la violencia perpetrada por los actores armados a través de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, confinamientos, despojos, torturas, violencia sexual y basada en género, profanación de sitios sagrados y destrucción del territorio y la naturaleza, entre otras conductas.

La JEP consideró, además, el rol de las mujeres indígenas de la Sierra, a las que reconoció como “la base fundamental del Territorio y la representación de la madre tierra”. Los daños que el conflicto dejó en ellas fueron diferenciales lo que les impidió “ser las guías y consolidar y mantener la integridad de sus pueblos en unidad, autonomía y resistencia”.

El auto de acreditación apunta que, para las comunidades de la Sierra Nevada y de su área de influencia, que se encuentra en tres departamentos, “entre el mundo físico y el mundo espiritual existen hilos de conexión, siendo los sitios sagrados, como las piedras, las lagunas, los picos del nevado o el mar, el punto de intermediación entre esos dos mundos”.

“Como intervinientes especiales, los cuatro pueblos indígenas y el Territorio, a través de sus autoridades territoriales y sus procesos organizativos, podrán posicionar su voz en el proceso judicial, exponer sus demandas de verdad y reparación, y contribuir al esclarecimiento dialógico de la verdad”, detalló la JEP a través de un comunicado.

Tras el aval a la Sierra y a los pueblos, la Sala le dio diez días al Ministerio de Defensa, RTVC, Movistar, Electricaribe, Telecaribe y la Empresa de Comunicaciones del Cesar y La Guajira para informar sobre el estado del proceso de consulta previa para considerar la posibilidad de retirar varias obras instaladas en el Cerro Inarwa, el Cerro Alguacil.

Se trata de una determinación que la Corte Constitucional ordenó en 2016 tras resolver una tutela del pueblo Arhuaco que reside en una zona ancestral de Pueblo Bello, Cesar, en la que el Estado y algunas organizaciones privadas construyeron varios proyectos de infraestructura sin tomar en consideración las voces de la comunidad étnica.

Como reseñó la JEP, el proceso consultivo debe evaluar el probable retiro definitivo, “en un plazo razonable”, de la base militar; los tendidos, estaciones y subestaciones eléctricas, y las antenas y torres de comunicaciones que se ubican en el Cerro Inarwa. Las entidades, asimismo, tendrán que plantear proyectos para dar cumplimiento en el corto y mediano plazo.

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