JEP acredita como víctimas a pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó al territorio ancestral, sagrado y colectivo de la Sierra Nevada de Santa Marta, como víctima, en su calidad de sujeto colectivo de derechos.

Este territorio es delimitado por cuatro Pueblos Indígenas: Iku (Arhuaco), Kággaba (Kogui), Wiwa y Kankuamo, reconocidos por la Sala como el sistema de sitios sagrados de la ‘Línea Negra’.

Esta acreditación de víctimas, enmarcada en el Caso 09, que investiga los crímenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos, hace parte del proceso judicial que adelanta la magistratura en la Sierra Nevada de Santa Marta y otros municipios de la Serranía del Perijá. La Sala fundamentó su decisión tomando en cuenta las solicitudes presentadas por los cuatro Pueblos Indígenas y sus procesos organizativos, que denunciaron los hechos victimizantes y los daños graves, diferenciados y desproporcionados sufridos durante el conflicto armado.

“En los informes se expuso la violencia ejecutada a través de: asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y confinamientos, despojos, torturas, violencia sexual y basada en género, profanación de sitios sagrados y destrucción del Territorio y la Naturaleza, entre otras conductas; cometidas en contra sus líderes, lideresas, autoridades tradicionales, estructuras organizativas, mujeres y niñas y el Territorio, poniendo de manifiesto el impacto en los planes de vida individuales y colectivos y en su existencia física, cultural y espiritual”, declaró la JEP.

La acreditación del territorio ancestral, sagrado y colectivo de la Sierra Nevada de Santa Marta, es fundamental para su reconocimiento como sujeto de derechos a partir de la cosmovisión indígena, y materializa los derechos de participación que tienen las víctimas ante la JEP, basados en los principios de pluralismo jurídico y diversidad étnica y cultural.

Ahora, los cuatro Pueblos Indígenas de la ‘Línea Negra’ —reconocidos en 2022 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad—, a través de sus autoridades tradicionales y sus procesos organizativos, podrán posicionar su voz en intervenciones especiales en el proceso judicial, exigir sus demandas de verdad y reparación y contribuir al esclarecimiento dialógico de la verdad de la Jurisdicción.