Personería promueve Acción Popular contra malos manejos de plata del alumbrado público

Tras una rigurosa investigación el Ministerio Público encontró que Essmar le ha entregado más de $ 14 mil millones a Conlus de manera irregular.

El personero Distrital de Santa Marta, Edwar Orozco Oñate, presentó una Acción Popular  ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Magdalena con el objeto de amparar a la comunidad afectada en sus derechos colectivos constitucionales correspondientes a la moralidad administrativa y al patrimonio público, tras haber descubierto las irregularidades cometidas por la empresa Essmar junto a Conlus en el manejo de los recursos del impuesto del Alumbrado Público.

Lo anterior, como consecuencia de la suscripción y ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 333 de 2019 entre la Empresa Essmar  y el Consorcio Conlus, por medio del cual se reconoce y paga al contratista sumas que exceden los costos máximos de prestación del servicio de Alumbrado Público dispuestos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas-Creg.

Entre las pretensiones principales de la acción popular impetrada, se encontró que, se declare que los accionados han puesto en peligro los derechos colectivos a la moralidad administrativa y el patrimonio público, por tal razón es imperativo que se ordene  la adopción de las medidas necesarias y pertinentes para garantizar que los recursos del Impuesto de Alumbrado Público sean administrados y utilizados dentro de los límites permitidos por la Ley y la Regulación.

De igual forma, el Personero solicitó que se ordene la conformación de un Comité que tenga por objeto la revisión mensual de las cifras de recaudo del Impuesto de Alumbrado Público y los gastos que se asumen con cargo a los recursos de dicho impuesto, con la participación de Essmar y el Distrito como responsables de la prestación del servicio y titular del tributo, respectivamente.

A su vez,  Orozco instó a que  la Essmar. se abstenga de realizar pagos al contratista Conlus que superen los costos máximos eficientes permitidos por la regulación de la CREG.

De acuerdo con el funcionario, además esta decisión es en legítima defensa de los derechos o intereses colectivos que se encuentran amenazados, destacando la vulneración del derecho a la moralidad administrativa, debido a que se inobserva el principio de legalidad de las actuaciones y se configuran acciones u omisiones que vulneran o ponen en peligro el cumplimiento del interés general por generar un favorecimiento del propio servidor público o de un tercero.

“Desde la emisión y entrada en vigor del Decreto No. 314 de 2018, la Essmar E.S.P. ha estado recibiendo, administrando y utilizando la totalidad de recursos del Impuesto de Alumbrado Público, sin contar con ningún tipo de supervisión, vigilancia o control por parte del Distrito de Santa Marta, pese a que se trata de un ingreso tributario que el Distrito debe controlar y contabilizar dentro de su planeación presupuestal”, revela en uno de sus apartes la acción popular.

MALOS MANEJOS

La plata que pagan los samarios por concepto de Alumbrado Público se la han feriado en Essmar. Allí, se confabularon con el contratista para reconocerle una comisión mensual del 2.5%  por servicios que ya están incluidos en el contrato inicial. Por ésta vía se están robando más de dos mil quinientos millones de pesos mensuales con el conocimiento y anuencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que hoy maneja a la Essmar en calidad de Agente Interventor.

Pero además, quien gerencia la Essmar, se ha dedicado a contratar y pagar millonarios servicios como el alquiler de una camioneta blindad, agasajos, regalos, pago de una costosa burocracia y gastos que no están asociados al contrato de Alumbrado Público.