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Contrato de las cédulas de extranjería tiene mal ´olor´

En medio de controversias por presuntas irregularidades en un contrato de $6.600 millones entre Migración Colombia y la Imprenta Nacional para la impresión de cédulas de extranjería, el presidente Gustavo Petro defendió la transparencia del acuerdo, desestimando acusaciones de corrupción lanzadas por la senadora María Fernanda Cabal.

“¿Qué dicen los políticos que apoyaron y votaron por Petro porque era el gobierno del ‘cambio’ en temas de corrupción?”, se cuestionó Cabal en la red social X, quien aseveró que, entre tanto, “embolatan al país con escándalos de quinta”.

Petro defendió la transparencia del acuerdo y afirmó que los contratos públicos son frecuentemente atacados por quienes buscan intereses privados. “No puede haber corrupción en los contratos firmados entre entidades públicas a los cuales se oponen siempre los que sí quieren ganancias particulares», aseguró el mandatario.

Asimismo, el Jefe de Estado señaló que el contrato entre Migración y la Imprenta Nacional “entregó 3.000 cedulas de extranjería”, demostrando que “ese es el camino”.

La Imprenta Nacional de Colombia, por su parte, expresó su agradecimiento por el respaldo de Petro y reveló que se han producido y distribuido 8.575 cédulas de extranjería desde esa entidad, respondiendo puntualmente a la demanda nacional de estos documentos.

La Procuraduría General de la Nación inició este miércoles una investigación disciplinaria contra el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, y el ex gerente general de la Imprenta Nacional, Andrés René Chaves, por presuntas irregularidades en un contrato de $6.600 millones destinados a la impresión de cédulas de extranjería.

El órgano de control investiga una aparente falta de idoneidad de la Imprenta Nacional para ejecutar los trabajos, lo que llevó a la subcontratación total de los servicios, desde la impresión y elaboración de las tarjetas hasta su personalización y entrega final a Migración Colombia.

Además, se examina una posible vulneración a la libre concurrencia de oferentes, dado que el contrato fue adjudicado de manera directa, lo que podría haber afectado la competitividad y transparencia del proceso.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público ha solicitado una copia del contrato firmado, así como un informe detallado sobre el estado actual del proyecto, incluyendo las actividades realizadas y los pagos efectuados hasta la fecha.

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