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Academia Colombiana de Jurisprudencia rechazó ‘chuzadas’ a magistrados

La reputada entidad pide respeto a la Rama judicial y solicita una investigación por las chuzadas.

La Academia Colombiana de Jurisprudencia condenó «en forma radical y absoluta» las posibles interceptaciones telefónicas a representantes del poder judicial, especialmente de la Corte Constitucional, del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar y a su equipo de colaboradores, a quienes les manifestaron todo su solidaridad.

«Este tipo de incidentes lamentablemente no son nuevos en el país; incluso, en el pasado se ha comprobado que provienen de entidades o personas que quieren esquivar posibles afectaciones a sus intereses por las decisiones judiciales», sostuvo Juan Rafael Bravo, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Indicó que «se trata entonces de una agresión al poder judicial, con un objetivo previsible: amedrentar, sojuzgar y penetrar en la intimidad de los jueces porque se sabe que ellos tienen el poder que les da el control sobre los excesos del Legislador y del Gobierno, y de los propios jueces, para asegurar el funcionamiento correcto del Derecho y de la Justicia», expresó.

De igual manera, el presidente expresó en el comunicado a la opinión pública la necesidad de respetar a los funcionarios de la Rama judicial y sus decisiones judiciales.

«Una vasta lista de conflictos se pacifica en las Altas Cortes, según sus competencias, a través de sentencias, dotadas de la fuerza de la cosa juzgada, así no sean del agrado de los Gobiernos o de las partes, ese modelo constitucional exige una labor equilibrada y responsable por parte de los tres poderes públicos, sin indebidas interferencias», sostuvo la Academia.

Así mismo expresó que la labor de los jueces es autónoma y libre con sujeción a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Ante el panorama que se ha conocido de presuntas interceptaciones, los representantes de la Academia de Jurisprudencia le hacen una invitación a toda la ciudadanía para rechazar cualquier ataque al órgano judicial, ya que esto representaría el desaparecimiento del orden institucional y por lo tanto del Estado de Derecho.

Finalmente, el presidente Bravo como cabeza líder de la Academia le solicitó a las entidades encargadas, como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, entre otras, realizar una pronta y completa indagación que permita verificar autores y alcances de las denunciadas interceptaciones y seguimientos, para así tomar los correctivos necesarios e imponer las condignas sanciones a los responsables.

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