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Gobierno cierra legislatura con espaldarazo a ley de endeudamiento

Una vez más el gobierno demostró que en algunas leyes en particular sigue manteniendo una mayorías importantes, y así pasó hoy con la aprobación de la ley que le aprueba el Congreso de la República para que salga al mercado internacional a conseguir un préstamos por más de US$17.000 millones para pagar deuda que en particular corresponde a los empréstitos durante la pandemia.

El espaldarazo lo recibió el gobierno luego de un fuerte cuestionamiento que hicieron tanto en el Senado como en la Cámara la bancada de Centro Democrático, lo cual a la postre llevó a que esto se convirtiera en un “agarrón” político con el petrismo en donde la bancada oficialista le recriminó el endeudamiento que se dio durante los dos gobierno de Álvaro Uribe que fue cercano a los 20 mil millones de dólares.

Al respecto el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, presentó ponencia negativa para hundir el proyecto, por considerar que el gobierno de Petro lo que realmente busca hacer es usar el dinero que conseguirá es para seguir gastando y derrochando la plata de los colombianos. Esa ponencia como una proposición que direccionaba el endeudamiento a casos puntuales, fueron negadas.

Al agradecer la aprobación de la ley, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, resaltó que de esta manera el gobierno pero en especial el país “seguirá honrando sus compromisos internacionales en materia de deuda”. Esto financieramente se entiendo como los compromisos de crédito que se tienen con plan de pagos de la Línea de Crédito Flexible (LCF) del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como de todas las demás obligaciones del servicio de la deuda pública externa.

Bonilla resaltó que estos 17.6 billones de dólares, se distribuirán en las vigencias fiscales 2024, 2025 y 2026, ajustándose al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el respectivo Plan Financiero, con lo que se ratifica el buen uso de la regla fiscal.
“Quiero agradecer la disposición para aprobar la ampliación del cupo de endeudamiento. Se lo están es aprobando a un país, no a un gobierno, muchas gracias por este voto de confianza por el país”, planteó Bonilla que “esto deja reglas claras de juego hacia delante de como hay que manejar el crédito público, pasamos del 49% al 61% del PIB en materia de deuda pública y lo vamos a dejar en el 55% y la meta tiene que ser volver al histórico antes de pandemia”, fue el mensaje central a los senadores y representantes.

El director de Planeación Nacional, Alexander López, tras la aprobación de la ley señaló que se garantiza “el correcto funcionamiento del Estado y el presupuesto de inversión que será destinado al cierre de brechas y la transformación territorial priorizando las inversiones en agua y saneamiento, la salud, la educación, la reforma agraria, la transición energética y demás proyectos estratégicos para el bienestar de todo Colombia”.

Por su parte la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro no dudó en calificar la aprobación como una “gran noticia para la economía nacional. Aprobamos la Ley de cupo de endeudamiento, una medida esencial para el manejo de la deuda y la responsabilidad fiscal del país”.

Una de las senadoras que votó negativo fue la uribista Paola Holguín, quien precisó que “votamos negativamente la ampliación de cupo de endeudamiento al Gobierno Nacional, porque no entregaron la propuesta de ajuste (recorte de gasto) ni se comprometieron con que el dinero fuera exclusivamente a pago de deuda. No podemos ser cómplices del derroche, la corrupción y la irresponsabilidad fiscal del Gobierno Petro”.

JURISDICCIÓN AGRARIA

Otra buena noticia para el gobierno de Gustavo Petro fue la aprobación de la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, esto para cumplir un propósito del gobierno de garantizar el acceso más equitativo y eficiente a la justicia para campesinos y comunidades rurales.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, señaló al respecto que “esta iniciativa tiene como finalidad proteger la propiedad rural. No contiene ninguna disposición, ni explícita ni implícita, relacionada con expropiación. Precisamente lo que hace el proyecto de ley es crear jueces especializados que resolverán pleitos y aplicarán el derecho vigente, el cual establece y protege la propiedad. La norma no modifica en absoluto la legislación sustantiva sobre la propiedad; simplemente crea un mecanismo adicional para garantizar su protección”.

Antes de ser sancionado por el presidente Gustavo Petro, la iniciativa pasa a la revisión de la Corte Constitucional.

En líneas generales la ley define la estructura judicial con jueces de circuito y tribunales agrarios, así como los criterios para definir dónde serán instalados estos despachos (zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, núcleos de reforma agraria y zonas con cultivos de uso ilícito, entre otros).

Crea centros de apoyo técnico especializado, integrados por profesionales en distintas disciplinas que apoyarán la labor de los jueces agrarios. Y finalmente, crea la figura del facilitador agrario, el cual orientará gratuitamente a los potenciales usuarios y usuarias de la justicia agraria.
En cuanto a la provisión de cargos, se realizarán concursos de méritos para seleccionar jueces y magistrados especializados en derecho agrario, administrativo y ambiental.
El ministro recordó que aún queda por discutir la ley ordinaria, que definirá el proceso operativo de la nueva jurisdicción. Dicha ley deberá establecer, entre otros aspectos, los requisitos para presentar las demandas y el procedimiento para la práctica de pruebas.

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