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Comisión de Acusaciones quiere quitarle al CNE investigación a campaña Petro presidente

Se abre un nuevo capítulo en la novela de la financiación de la campaña Petro y la investigación que actualmente adelanta el Consejo Nacional Electoral.

Como lo informó en primicia Caracol Radio el pasado 8 de mayo de 2024, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Prada radicaron ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral el proyecto de apertura de investigación y formulación de cargos a los directivos de la campaña y al entonces candidato Gustavo Petro. Conocida la intención de los magistrados investigadores de no archivar el proceso y, por el contrario, continuar con la investigación, la Comisión de Acusaciones se interesó en reclamar la competencia para conocer del asunto, al considerar que está inmerso en ella un aforado, como lo es el actual presidente de la República.

En efecto, en una solicitud remitida al órgano Electoral y a los magistrados sustanciadores, los representantes investigadores Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, solicitaron el traslado inmediato del expediente, para continuar con la investigación.

Por supuesto, el Consejo Electoral no accedió a la aventurada petición, suscitándose entonces, un conflicto de competencias que deberá definir la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, como bien ha explicado en 6AM Hernando Herrera, el abogado con ojos de lupa.

Pues bien, producido el reparto en el alto tribunal, correspondió conocer del tema al magistrado Óscar Darío Amaya Navas, quien deberá preparar un proyecto de decisión que será resuelto por esa Sala.

¿Por qué la Comisión de Acusaciones reclama ahora la competencia?

Llama poderosamente la atención que, a estas alturas, la Comisión de Acusaciones reclame la competencia, cuando en mayo y junio del presente año había reconocido expresamente la capacidad legal y constitucional del Consejo Electoral para conocer del tema, al haberle remitido por esa misma competencia, denuncias relacionadas con la financiación y aportes ilegales a la campaña presidencial del Pacto Histórico.

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