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Justicia de EE.UU. declara culpable a Chiquita Brands ​

Los casos se dieron en el Urabá y Magdalena, donde le pagaban a las autodefensas, dice el fallo.

En una decisión histórica este lunes 10 de junio se conoció que la justicia estadounidense encontró responsable a la multinacional bananera Chiquita Brands por financiar el paramilitarismo en Colombia en la década de los 90, exactamente en el Urabá y Magdalena.

El caso se resolvió tras seis semanas de juicio, luego de 17 años del proceso judicial en el que nueve víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)  tomaron acciones por los pagos que hizo la empresa bananera a hombres armados que cometieron varios crímenes en diferentes regiones.

El abogado principal de Chiquita Brands argumentó durante más de tres horas que la empresa tuvo que pagar a los paramilitares de las AUC para salvar vidas de los trabajadores y que, además, la presencia de la multinacional en Colombia fue positiva.

PACTO CON EL DIABLO

El abogado de las víctimas Jack Scarola refutó los argumentos y aseguró que la empresa hizo un «pacto con el diablo» al elegir financiar a los paramilitares y añadió que, incluso si la compañía fue amenazada y extorsionada por las AUC, continúa siendo responsable. El abogado afirmó que, según la ley, los abogados de Chiquita tendrían que haber demostrado que no tenía ninguna otra alternativa para demostrar una defensa de «coacción».

“Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial”, dijo Marco Simons, asesor general de EarthRights International.

La relación entre las Autodefensas Unidas de Colombia y la empresa ocurrió durante los años noventa y principios de los 2000. En 2007, la justicia estadounidense le impuso una multa de 25.000 dólares a Chiquita Brands luego de hallarla culpable de financiar el grupo ilegal con cerca 1,7 millones de dólares.

Ese mismo año, después de que se impusiera la multa, varias víctimas del paramilitarismo en el Urabá y Magdalena, en donde operó la empresa, interpusieron una demanda argumentando que Chiquita Brands no los ha reparado. Desde que se inició la acción judicial, los demandantes han tenido que sortear toda clase de adversidades.

La última vez que se cayó la demanda fue en septiembre de 2019, cuando el juez de primera instancia señaló que las víctimas no tenían los argumentos suficientes para pasar a la siguiente etapa. Esto ocurrió a menos de un mes de empezar el juicio que había quedado agendado para el 15 de octubre. Las víctimas apelaron esta decisión y el 7 de septiembre de 2022, el Tribunal de Apelaciones del Circuito No. 11 revivió el proceso y señaló que los demandantes contaban con las pruebas suficientes para continuar.

Aunque en el juicio participaron apenas nueve víctimas, cuyos familiares fueron asesinados por las AUC. No obstante, el proceso legal contra Chiquita incluye a cientos de víctimas cuyos casos podrán ser resueltos en juicios posteriores o mediante un eventual acuerdo.

Si bien el fallo se dio en Estados Unidos, fuentes cercanas al caso explicaron que se aplicará el Código Civil colombiano por tratarse de una empresa estadounidense cuyas decisiones fueron tomadas en este país. Es decir que, siguiendo el artículo 2341, se tendrá que indemnizar a las víctimas y repararlas por los daños causados.

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