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Consejo de estado definirá si el CNE es competente para investigar a Petro

El de hoy no fue un buen día para el presidente Gustavo Petro y la organización de la entonces campaña presidencial del 2022, por cuanto el Consejo Nacional Electoral, CNE, tomó dos decisiones que le golpean al permitirle a ese tribunal electoral seguir con la investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la misma.

El CNE, en sala plena, los magistrados determinaron que sí es competente para seguir adelante con la investigación que lleva desde hace varios meses por la presunta violación de topes electorales de la campaña presidencial, para lo cual ya se encuentra para la sala la aprobación de una ponencia en la que se habla que serían más de $5.000 millones los que se habrían volado administrativamente.

En el sustento que tuvieron ocho magistrados, tan sólo se apartó de la decisión la magistrada Alba Lucía Velásquez, es que ya en dos ocasiones el CNE ha investigado la financiación de campañas de presidentes de la República, como lo fueron Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Con lo dispuesto por el pleno del CNE se niega la solicitud que presentó hace dos semanas la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en el sentido que pidió a la autoridad electoral enviarle toda la documentación de la investigación a la campaña presidencial de Petro, esto porque esa comisión es el juez natural que puede llevar una investigación al primer mandatario del país.

Por el momento el CNE seguirá con el estudio del caso, sin embargo le corresponderá a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la que decidirá si realmente la autoridad electoral si tiene las facultades para investigar tanto a la campaña presidencial como al hoy presidente Gustavo Petro en su condición de candidato en 2022.

La otra gran decisión del CNE de éste miércoles fue que negó las recusaciones presentadas contra los magistrados de esa corporación Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, y Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, a cargo de los procesos que se adelantan contra la campaña electoral del presidente en 2022.

El alto tribunal determinó que los tres magistrados podrán continuar conociendo del caso.

Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaron hace algunas semanas una ponencia ante la sala plena de la corporación, con el fin que la misma decida abrir pliego de cargos contra varios funcionarios de la campaña presidencial, incluido el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la misma.

La ponencia señala que para la primera vuelta presidencial se superaron los topes electorales en $3.709 millones, mientras que para la segunda vuelta se habrían dejado de reportar al menos $1.646 millones, lo que llevaría a un gran total de $5.355 millones, de acuerdo a lo que se indica en la ponencia.

Entre las cuentas, están el aporte de 500 millones de pesos que hizo en su momento la Federación Colombiana de Trabajadores, Fecode; un supuesto préstamo que entró a la campaña de parte del partido Polo Democrático, también por $500 millones, al igual que los $931 millones con los que se pagó la gestión de los testigos electorales y otros $356 millones que fue dinero de la propaganda electoral.

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