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´Toda la clase política está involucrada en el escándalo´: Carrillo

Buscando ´ensuciar´ a todo el mundo para que los sucios excompañeros suyos que pusieron a robar recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres puedan salvarse y todos resulten siendo iguales, el jefe de esa entidad Carlos Carrillo, dijo quire toda la clase política está involucrada en el monumental desfalcoque ya llega a los 5 billones de pesos.

Para Carrillo sí hubo una utilización política de las capacidades de ese despacho para favorecer a políticos, pero no se da cuenta que esos políticos fueron favorecidos de manera descarada y vulgar en el Gobierno del Cambio.

La declaración la hizo minutos antes de ingresar al búnker de la Fiscalía General en Bogotá en calidad de testigo del escándalo de corrupción que golpea a la Unidad.

“Ni siquiera el señor Olmedo hacía campaña no solo por los candidatos de su propio partido político, sino por distintos candidatos y esto nos lleva a pensar que toda la clase política está inmiscuida en este escándalo, y no me refiero a los individuos, sino a todas las tendencias ideológicas», explicó el director.

Carrillo será escuchado por la fiscal anticorrupción Andrea Muñoz, una de las dos que lleva el caso contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, principales implicados en el escándalo.

Pinilla ha señalado a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, como la «mensajera» del Gobierno en el supuesto entramado de corrupción y la presunta encargada de entregarle $3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para influir en la aprobación de las reformas del Gobierno en el Congreso.

INVESTIGACIÓN VA BASTANTE BIEN

Tras rendir declaración en la Fiscalía durante más de una hora, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres afirmó que espera que se den resultados pronto por el escándalo de corrupción de la compra de 80 carrotanques para La Guajira.

La investigación por este escándalo avanza satisfactoriamente, aseguró Carrillo, al culminar una diligencia en esa entidad, donde rindió declaración como testigo frente al caso.

“Fue una diligencia que se desarrolló de una manera muy cordial, es un proceso que se viene adelantando de la mejor forma por parte de la Fiscalía. Yo siento que la investigación va bastante bien, bastante avanzada y ojalá que muy pronto se den resultados por parte de esa entidad que insisto está haciendo un excelente trabajo”, dijo Carrillo.

Horas antes, el director aseguró que sí hubo una utilización política de las capacidades de ese despacho para favorecer a políticos.

“Ni siquiera el señor Olmedo hacía campaña no solo por los candidatos de su propio partido político, sino por distintos candidatos y esto nos lleva a pensar que toda la clase política está inmiscuida en este escándalo, y no me refiero a los individuos, sino a todas las tendencias ideológicas», explicó el director.

Carrillo fue escuchado por la fiscal anticorrupción Andrea Muñoz, una de las dos que lleva el caso contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, principales implicados en el escándalo.

Pinilla ha señalado a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, como la «mensajera» del Gobierno en el supuesto entramado de corrupción y la presunta encargada de entregarle $3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para influir en la aprobación de las reformas del Gobierno en el Congreso.

IRREGULARIDADES POR $5 BILLONES

Contratos presuntamente irregulares por $5 billones durante los últimos 4 años en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres , habría detectado la Contraloría General.

Según el organismo de control, la contratación de suministros de carrotanques experimentó un aumento del 700% entre 2020 y 2024, alcanzando un gasto adicional de más de $37 mil millones solo en el presente año.

Esta contratación fue particularmente concentrada en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá.

El vicecontralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, declaró que estas irregularidades tendrán un impacto nacional y se abrirán investigaciones por la presunta pérdida de más de $80 mil millones, debido a sobrecostos y mal manejo de los contratos.

En cuanto a los contratos del programa «Hambre Cero», la Contraloría también reveló irregularidades en 31 contratos, valorados en más de $131 millones.

Estos contratos, destinados a la provisión de alimentos para damnificados por el Fenómeno de La Niña, fueron otorgados a empresas sin personería jurídica o con actividades no relacionadas con el objeto del contrato.

Además, para el 2023, se registró un incremento del 160% en la contratación de suministro de maquinaria amarilla, con un gasto que pasó de $88 mil millones en 2022 a $227 mil millones en 2023.

La investigación identificó una desconcertante concentración de recursos en una sola empresa, que acumuló 13 contratos por un valor superior a $21 mil millones. Estos hechos también serán investigados por posibles delitos contra la administración pública.

Sumado a lo anterior, la CGR advirtió sobre los riesgos elevados en la contratación de obras en el departamento de Santander.

Desde 2020, los contratos de obra para la mitigación de riesgos en este departamento suman $4,9 billones, representando un 29% del total nacional.

La Contraloría señaló que varias de estas obras, especialmente en Girón, han sido objeto de repetidos contratos sin evidencia de eficacia y transparencia, lo que sugiere una posible mala gestión de los recursos públicos.

La CGR subrayó la necesidad urgente de una auditoría rigurosa y exhaustiva de estos contratos para asegurar la transparencia y el adecuado uso de los fondos públicos, y agregó que se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación.

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