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Defensor del Pueblo renunciará al cargo

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, definirà hoy viernes 31 de mayo si renuncia o no al cargo pues está pensando si acepta ser el vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda.

Recordemos que el periodo de Carlos Camargo como Defensor vence el próximo 31 de agosto, tras haber sido posesionado el 1 de septiembre del año 2020.

De aceptar la oferta de la Universidad Sergio Arboleda, Carlos Camargo, deberá presentar su carta de renuncia ante la Cámara de Representantes, quién lo eligió el 15 de agosto de 2020.

Si Camargo se va de la Defensoría del Pueblo, por los tres meses que faltan para cumplir el periodo de cuatro años, se nombraría a un encargado.

El que sí dejó la entidad fue el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, según pudimos establecer su renuncia es porque necesita tiempo para sustentar un doctorado que está adelantando. El duró en el cargo más de 3 años y ya fue nombrado su reemplazo: Julio Balanta, que era delegado para pueblos étnicos.

LLAMADO A LA CORTE

 Tras quince años desde la publicación de la sentencia T-760 de 2008, con la que la Corte Constitucional calificó a la salud como un derecho fundamental y ordenó tomar medidas para protegerlo, la Defensoría del Pueblo considera que el alto tribunal debe declarar el estado de cosas inconstitucional en esa materia.

Según el ente humanitario, una declaratoria de ese estilo demandaría acciones de todas las autoridades y todos los particulares que forman parte del sistema, a partir de órdenes concretas y a largo plazo emanadas por la Corte, que superen las emitidas en 2008, las cuales, según la Defensoría, no se han cumplido.

«La crisis va más allá de la Ley 100 de 1993. El subsistema del Magisterio y el de la Fuerza Pública, por ejemplo, atraviesan serios problemas, especialmente en las zonas más alejadas y dispersas del territorio colombiano, donde se evidencian cada día más barreras y obstáculos», expresó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

A propósito del gremio docente, el órgano de derechos humanos aseguró que el nuevo modelo que el Gobierno está poniendo en marcha «se ha venido implementando sin que se haya establecido un régimen de transición adecuado», lo que está poniendo en riesgo a más de 819.000 personas afiliadas, especialmente a aquellas con enfermedades crónicas.

La Defensoría afirmó que ha advertido «oportunamente» los riesgos y las vulneraciones al derecho a la salud de más de veintidós millones de personas afiliadas a siete EPS intervenidas, incluyendo a las más recientes, como Sanitas y Nueva EPS. Su intención, dijo, es verificar que las intervenciones cumplan su función de mejorar las entidades.

“Hemos solicitado a la Corte Constitucional la programación de manera urgente y prioritaria de una audiencia, con el fin de que sea evaluada la situación actual de la salud», concluyó el defensor Camargo, al tiempo que acotó que en la audiencia deberían participar el Gobierno, el Congreso, la academia y miembros del sector salud.

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