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La reforma pensional no debe comenzar en 2025

La Procuraduría General de la Nación le envió un oficio de nueve páginas a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en el que reiteró varias observaciones que el ente de control tiene frente a la reforma pensional, a la que solo le falta un último debate en la Cámara de Representantes.

De acuerdo con el Ministerio Público, Colpensiones, que será una entidad insignia en el nuevo modelo de pilares que propone la iniciativa, no tiene capacidades para recibir a miles de usuarios a partir del primero de julio de 2025, que es el momento en que entraría en vigencia el proyecto si llega a convertirse en ley.

«Como se ha reiterado en numerosas ocasiones, Colpensiones no está preparada para las nuevas obligaciones contenidas en el proyecto de reforma», afirmó la Procuraduría, que remarcó que el fondo público «no tiene la capacidad técnica, logística, administrativa ni operativa, entre otros requisitos, para asumir nuevas funciones».

Para la procuradora delegada diana Margarita Ojeda Visbal, quien firma el documento, el Ministerio de Trabajo y el Congreso «deben tener en cuenta la necesidad de Colpensiones de implementar nuevos desarrollos tecnológicos para la aplicabilidad de la reforma». Además, dijo la procuradora, se requieren presupuestos y tiempos para nuevos contratos.

«De otra parte, para que Colpensiones asuma nuevas operaciones, la Superintendencia Financiera debe certificar todos los requisitos y parámetros, entre estos, los relacionados con la atención al consumidor financiero, gobierno corporativo, riesgos, etcétera», pues sin ese visto bueno «no podría entrar en vigor la ley».

La reforma pensional propone un sistema que funcione a través de dos componentes. Uno, el de prima media, en el que cotizarán todas las personas que ganen hasta 2,3 salarios mínimos. El Gobierno quería que el monto máximo del ingreso base de cotización fuese de tres salarios mínimos, pero el Congreso bajó finalmente el umbral.

Quienes ganen hasta 2,3 salarios mínimos coticen obligatoriamente en el Componente de Ahorro Individual, que es el equivalente al régimen público actual de pensiones y será dirigido por Colpensiones, la entidad encargada de determinar, teniendo en cuenta varios requisitos, cuánto será el futuro monto de la pensión de vejez.

Los requisitos se mantienen como actualmente en la Ley 100 en cuanto a la edad: que una mujer haya cumplido 57 años y un hombre, 62. Sobre las semanas de cotización, a los hombres se les exigirán mínimo 1.300 semanas, mientras que a las mujeres, a partir del primero de enero de 2026, se les irá disminuyendo, yendo desde las 1.250 hasta las mil.

En otras palabras, si una mujer desea jubilarse en 2026, deberá haber cumplido 1.250 semanas; si lo desea en 2027, 1.225 semanas; en 2028, 1.200; en 2029, 1.175, y así sucesivamente. La meta del Congreso es que a partir de 2036 a las mujeres solo se les exijan mil semanas de cotización, una regulación exigida por la Corte Constitucional.

El otro componente del nuevo régimen público será el de Ahorro Individual, que recibirá las cotizaciones de quienes ganen desde 2,3 salarios mínimos hasta veinticinco. La idea es que la cotización equivalente a 2,3 salarios se vaya directamente a Colpensiones y el resto vaya al régimen privado, conformando una denominada Pensión Integral de Vejez.

La Procuraduría, además de las observaciones sobre Colpensiones, le pidió al Gobierno nacional, al Ministerio de Hacienda y al Congreso tener en cuenta «los estudios y conceptos del costo fiscal que implicará para el Presupuesto General de la Nación el proyecto» respecto a «todos los pilares»./Colprensa

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