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El gobierno lanza política para desmantelar grupos criminales

Por medio de un decreto, el Gobierno nacional adoptó la Política Pública y el Plan de Acción Permanente para el desmantelamiento de las conductas criminales u organizaciones, incluyendo las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

Según expresa el documento, se adopta la estrategia de la no contribución a la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, integrantes de movimientos sociales o movimientos políticos, o que participen en la implementación de los Acuerdos y la construcción de la paz.

El Decreto 0665 de 2024 ordena que las entidades del Gobierno, como ministerios, departamentos administrativos y unidades administrativas especiales, dentro de la órbita de sus competencias, “implementarán la Política Pública y el Plan de Acción Permanente de desmantelamiento, a través de los instrumentos jurídicos y de planeación que estimen pertinentes para su implementación, incluyendo sus planes estratégicos, institucionales y de acción, y sus proyectos de inversiones, y coordinarán la adopción e implementación del mismo en los sectores a su cargo”.

Asimismo, le da una serie de responsabilidades a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), creada tras el acuerdo de paz, con el objeto de realizar «el diseño y el seguimiento» de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atenten contra personas defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.

LA ONU CELEBRÓ LA DECISIÓN

Juliette De Rivero, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para Colombia, saludó la decisión, a la que calificó como una deuda pendiente desde el Acuerdo de Paz de 2016.

La representante señaló que desde la su despacho han brindado asistencia técnica a este proceso y recordó “las cinco buenas prácticas internacionales que permiten el desmantelamiento de comportamientos y estructuras criminales generadoras de violencia que se conocen a nivel internacional».

“Estas son: la afectación del patrimonio criminal de las organizaciones generadoras de violencia, el acceso a la justicia para todos, la lucha contra la corrupción que permite que esas estructuras funcionen y se beneficien de la complicidad de ciertos actores del estado”, explicó.

Y agregó, en cuarto lugar, «el sometimiento a la justicia y por último la inversión social que implica el desarrollo de los lugares donde operan estos grupos, crear economías legales que beneficien a la población, pero que también permiten fortalecer el tejido social y organizativo de las poblaciones más afectadas por la violencia”.

Finalmente, Rivero ofreció su acompañamiento desde ONU Derechos humanos a la implementación de esta política, que describió como “necesaria para la gobernabilidad en Colombia y para la protección de los derechos humanos que son vulnerados por estos grupos”.

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