HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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Corte Suprema y Consejo de Estado tienen en la ´mira´ a 96 congresistas

Imputaciones penales, así como por nulidad electora y violación al régimen de inhabilidades son las investigaciones

Más del 40 por ciento de los miembros del Congreso colombiano están bajo la ´lupa´ de sus máximos jueces: La Corte Suprema de Justicia y el Honorable Consejo de Estado.

Entre los encartados se encuentran los presidentes de la Cámara Andrés Calle, y del Senado Iván Name, quienes tienen apertura de investigación en la Corte Suprema por el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastre.

Sin embargo, hay que destacar que, en el marco de funcionamiento de las altas cortes, en la Corte Suprema se adelantan las investigaciones penales, cuando a ello lo amerite la gravedad de las denuncias a los congresistas que hayan incurrido en presuntos hechos irregulares.

Por otro lado, está el Consejo de Estado, ese Alto Tribunal se encarga de las determinaciones administrativas en los casos en los cuales se procede ante demandas contra la pérdida de investidura o pérdida de curul legislativa. Así como la nulidad electoral, que está relacionada con presuntas inconsistencias al momento de la elección de parlamentarios.

De igual manera, existen algunos casos de congresistas que llegaron a sus cargos o se vieron obligados a defender sus curules jurídicamente tras demostrar que tenían derecho al cargo.

EN LA CORTE SUPREMA

Las Sala de Instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia, adelanta actualmente más de 61 indagaciones e investigaciones a congresistas, entre las que se encuentran varias iniciadas en el 2023, y cerca de 39 que iniciaron este año, relacionadas con diferentes presuntas conductas irregulares, las cuales serán resueltas en las próximas semanas.

Indagaciones a los representantes Rodolfo Ospina, Gloria Liliana Rodríguez Valencia, Jaime Raúl Salamanca Torres, Juan Camilo Londoño Barrera, Juan Diego Muñoz Cabrera, Alejandro García Ríos del Partido Alianza Verde, entre otros, por presuntamente aceptar ofrecimientos del Gobierno nacional a cambio de apoyar las reformas del Ejecutivo en el Congreso.

Igualmente, la Corte verifica denuncias por presunto aumento injustificado de patrimonio del senador Fabio Amín, cuyo proceso se encuentra en investigación previa. Además, investigó a la representante por el Chocó Astrid Sánchez Montes de Oca, por su presunta participación en contratación irregular en servicios de salud para el departamento, así como por posibles nexos con grupos de paramilitares; sin embargo y a la fecha, ese Alto Tribunal no ha encontrado pruebas sobre ambas irregularidades y al respecto este Diario conoció que el proceso va a cerrarse por absolución.

La misma respuesta, se daría en el caso del senador Miguel Ángel Barreto, quien se vio abocado a un proceso de instrucción por el presunto delito de amenazas en la ciudad de Girardot, no obstante, la Corte no halló evidencia alguna en la cual el parlamentario hubiese amenazado a quienes presentaron las denuncias en su contra y ordenó investigar a los demandantes ante la fiscalía.

EN EL CONSEJO DE ESTADO

En el Consejo de Estado, congresistas de la actual legislatura afrontan procesos de pérdida de investidura por presunta violación al régimen de inhabilidades, doble militancia, y otras posibles inconsistencias. Al respecto, este Medio conoció que son cerca de 35 demandas las que estudia el Consejo de Estado en esta materia.

Parlamentarios como Esteban Quintero, Andrés Guerra, Julián Peinado, del partido Centro Democrático, están en defensa de su curul por posiblemente haber cometido violaciones al régimen de inhabilidades. Por dicha inconsistencia, el senador Polivio Rosales del Partido AICO, de las comunidades indígenas de Colombia, perdió su investidura como congresista y en su lugar para finalizar la legislatura se encuentra el senador Richard Fuelantala.

De igual manera, el Consejo de Estado cerró la demanda por pérdida de investidura contra la actual representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo del Partido Alianza Verde, de quien se alegaba que llegó al Congreso con inconsistencias en la cantidad de votos requeridos para asumir la curul.

Sin embargo, el Consejo de Estado ordenó el reconteo de votos y con esta determinación desestimó la demanda del excongresista Juan Carlos Rivera, estableciendo que los votos fueron legítimos y suficientes para que Giraldo ejerza como parlamentaria hasta 2026.

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