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Las bandas criminales se ´adueñaron´ de las cárceles

Cincuenta y ocho años iba a cumplir este 20 de mayo Élmer Fernández, el coronel retirado de la Policía Nacional que dirigía la Cárcel Modelo. Oriundo de Piendamó, Cauca, fue víctima de un ataque de unos motorizados en la carrera 30 con calle 80 en Bogotá, en Barrios Unidos. Se dirigía hacia su casa. Tenía una esposa y dos hijos.

Desde el 4 de abril, Fernández estaba al frente de la cárcel. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) lo trasladó a la capítal por “un asunto familiar” y “de salud”, lamentó ante medios de comunicación el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en una rueda de prensa doce horas después del asesinato. La labor del coronel en retiro no era menor: vigilar a más de cinco mil reclusos en un penal con capacidad de 2.900.

Es una de las prisiones más grandes del país, y uno de los tres de orden nacional que alberga la capital del país. Su historial es tan agresivo que la periodista Jineth Bedoya, emblema en la lucha contra la violencia de género y el conflicto armado incluso a nivel internacional, le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontrar maneras de resignificarla. La Corte accedió, y Fernández, de hecho, ayudó.

Por La Modelo hubo fosas comunes, amotinamientos, corrupción y cualquier tipo de violencia. A la secuencia de hechos agresivos se sumó el 16 de mayo el ataque de dos hombres en una motocicleta a la camioneta particular, no blindada ni especial, en la que Élmer Fernández se movilizaba en el asiento del copiloto. Una bala, cero personas capturadas pese a un plan candado desplegado en la ciudad desde el jueves.

Las autoridades aún no cuentan con indicios claros. Sin embargo, hay un nombre que hasta este jueves pasaba desapercibido: el de Pedro Nel Caro Triana, ‘Pedro Pluma’. El 9 de mayo las paredes de la cárcel fueron testigos de tres disparos. Luego, alguien dejó una carta para el director. «De parte de ‘Pedro Pluma’, del patio cuarto, para el director, que si me vuelve a meter requisa para el patio le mato a la familia”, se lee.

“Para que vean que yo sí tengo poder, y si me trasladan, le mato a la familia», insistió el panfleto. Eso convirtió a Caro en el primer sospechoso, pero no en el único, principalmente porque la información que llegó al Inpec es que ni había sido trasladado recientemente ni había planes para moverlo. Por supuesto, luego de una redada que comenzó ese mismo jueves, la idea cambió.

En la tarde del 17 de mayo ‘Pedro Pluma’ fue trasladado al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, La Picota. El Inpec se llevó a otros catorce reclusos a otros centros carcelarios, incluyendo a La Picaleña, de Ibagué, y otros más fueron cambiados de patio en La Modelo. La entrada brusca de las autoridades provocó un amotinamiento que llevó, incluso, a la Undmo al penal.

En medio de la crisis, la mayor Nancy del Socorro Pérez se convirtió de forma interina en la directora de La Modelo. Pérez llega al cargo porque, según las normativas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), cuando las dos máximas autoridades de una cárcel no pueden asumir el puesto, provisionalmente lo debe tomar quien ocupe la dirección regional a la que esté adscrita la prisión.

En este caso, la designación temporal le corresponde a la mayor por ser la directora de la Regional Central del INPEC, una sección del Instituto que cobija 42 establecimientos de reclusión de orden nacional, incluyendo los tres que se encuentran en Bogotá. Óscar Tovar, coronel en retiro, era provisionalmente el encargado de la dirección de la cárcel luego del homicidio del también coronel Élmer Fernández.

Sin embargo, Tovar presentó su carta de renuncia al INPEC de forma voluntaria e irrevocable. El Instituto, luego de algunos rumores, confirmó la noticia. El coronel estuvo junto a Fernández antes de que saliera en el automóvil en el que fue acribillado por personas aún sin identificar. El manto que se teje sobre la crisis carcelaria está repleto de temor, dudas y, eventualmente, teorías.

Élmer Fernández no pudo adquirir un esquema de protección porque la normatividad no contempla que las directivas de las cárceles tengan algún tipo de salvaguarda especial en razón de su cargo, así que tienen que pasar por la burocracia planteada por la Unidad Nacional de Protección. El 10 de mayo denunció la amenaza del día anterior en la Fiscalía. El 14 le solicitó al Inpec interceder ante la UNP, como dicta el protocolo.

Y el 16 de mayo fue asesinado. “Ojalá (el trámite) fuera más breve”, expresó el ministro Osuna, al advertir de lo “reglado y dispendioso” que resulta el requerimiento para poner a salvo a los funcionarios del Inpec. Su balance reveló que en los últimos dos años el Inpec ha presentado ante la UNP 506 amenazas, incluyendo 27 contra directores de cárceles. De esas, 263 siguen en trámite y solo 63 han logrado medidas especiales de protección.

Para hacerle frente a los hostigamientos, anunció el ministro, la UNP de ahora en adelante accederá a trámites “de urgencia” para todo el Inpec, con el fin de examinar de forma más rápida cada solicitud de protección. El funcionario, además, explicó que en la normatividad actualmente “no está previsto que directores de penales tengan carros blindados por el hecho de su cargo”, como sí ocurre con otros cargos. A futuro, dijo, el Gobierno contempla una eventual reforma al respecto.

También subrayó que el Estado no está “ante una situación de desbordamiento o de caos” en materia de prisiones, y pidió “paciencia” frente a las investigaciones de la Policía y la Fiscalía. Según el Gobierno, el asesinato es parte de una oleada de retaliaciones provocada por el accionar de la Policía y las autoridades penitenciarias en estrategias como la llamada Operación Dominó, con la que se están intensificando los traslados de cabecillas de bandas delincuenciales y los registros en las cárceles.

La oleada de violencia enfrentada por el Inpec llevó al Ejecutivo en febrero a declarar un estado de emergencia carcelaria que, según dijo el ministro este fin de semana, está “mejorando” el interior de las cárceles. Fuera de ellas, sin embargo, el panorama no es optimista. La emergencia fue decretada en febrero, y desde entonces, por ejemplo, el 25 de abril fue asesinado el dragoneante Juan Carlos Zemanate en la vía panamericana; el 8 de abril la víctima fue el guardia Néstor Quevedo y el 9 de abril Nicolás Torres Noreña fue gravemente herido. Y el 16 de mayo, el mayor golpe hasta ahora, Élmer Fernández./Colprensa

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