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Asociación contratada para ´ollas comunitarias´ no ha pagado a los trabajadores

La Asociación de Madres Trabajadoras, Asomadoras, cuya sede es en Uribia y contratada por 20.400 millones de pesos para la operación de 170 ollas comunitarias en La Guajira reconoció que les adeuda a 510 trabajadores para este programa.

Así lo dio a conocer Armando Palma, coordinador general de la Asociación, en conversación con Caracol Radio, quien además indicó que a pesar del contrato con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no han recibido algún anticipo.

“No hemos recibido un solo peso, y eso lo dejo claro, de parte de la Unidad, todo ha sido con el recurso de la misma Asociación. Nosotros recientemente estamos terminando el mes y queremos hacer todo bajo la misma orientación de la Unidad”, manifestó.

Relató que en el contrato se indicó que en cada olla comunitaria se debía atender a 100 personas, y que de las 170 que les fueron designadas, dos iban a operar en Albania. La operación de las ollas comunitarias fue paralizada hace dos semanas por el escándalo suscitado.

En Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha se tuvo una operación por un mes y en los municipios del sur de La Guajira solo hubo 15 días de operación.

Por otra parte, Yajaira Amaya, presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Cuestecitas, en Albania, sostuvo que hubo hermetismo durante la socialización de la olla comunitaria

“Yo contacté a la señora de la Asociación y me dijo que no iba a socializar porque ya se hizo, pero se socializó con pocas personas porque a mí nunca se me llamó para comentarme sobre la olla comunitaria”, sostuvo en Caracol Radio.

DENUNCIADO

Por su parte, Jorge Martelo, quien fuera candidato a la cámara y señalado de estar detrás de contrataciones de las ollas comunitarias en La Guajira, fue denunciado ante la Fiscalía por presuntos vínculos en la contratación a través de dos organizaciones Prosperita y la corporación Agrosolidarias.

La denuncia la presentó ante la Fiscalía y la Contraloría el Diputado del Pacto Histórico, Luis Fernando Lobo. Según el diputado Lobo, Jorge Martelo habría sido representante legal de Agrosolidarias entre 2012 y 2016 realizando varios contratos en Uribia, por los cuales la Contraloría abrió investigación por responsabilidad social por presuntos sobrecostos.

Esta organización y prosperitas, tendrían varios contratos de ollas comunitarias. Denuncia el diputado Lobo que a las operadoras no le pagaban. Por otra parte, Luis Gómez, quien fuera gerente para la guajira, dice que no descarta que dineros de las ollas se hayan desviado para fines políticos

Para el departamento de La Guajira, se contrataron 470 ollas comunitarias, por un valor de 61 mil millones de pesos, de los cuales, 20 mil millones se hicieron con el municipio de Albania.

LA PLATA SE LA ROBARON PARA POLÍTICA

Las alarmas alrededor de este caso empezaron a prenderse desde septiembre cuando ni las manipuladoras, ni los proveedores, recibieron sus pagos.

El contratista de este proyecto se llama Jorge Martelo, expresentante a la Cámara, empresario y ganadero cercano al grupo de Albania, de Nera Robles. Según López, los contratistas de las ollas fueron seleccionadas por Luis Gómez, el gerente del proyecto de las ollas, nombrado por el gobierno de Gustavo Petro, a quien como a Martha Peralta empezaron a sacar del círculo cercano a palacio este fin de semana.

En total eran 1114 ollas para todo el país. De esas 470 fueron destinadas para la Guajira por más de 61 mil millones de pesos, es decir, el 39 por ciento del total. Lo curioso, por decir lo menos, es que a Albania le dieran de ese dinero. De los 61 mil millones para La Guajira, a este municipio le dieron el contrato más alto por 20.400 millones de pesos, escogiendo como beneficiaria a la Asociación de Madres Trabajadoras, Asomadoras, a quiénes de hecho no les pagaron.

Sumado a todo este caso, ahora la senadora Martha Peralta deberá aclarar si los nombramientos hechos en los últimos tres meses, de Rodrigo Elias Daza en el ICBF y Karen Gómez en Prosperidad Social, son premios burocráticos que recibe del gobierno.

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