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Excomandante del Ejército y 4 generales más a juicio

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió a su Unidad de Investigación y Acusación (UIA) cinco expedientes de militares que no reconocieron su responsabilidad en muertes y desapariciones falsamente presentadas como bajas en combate en Huila.

Entre las carpetas enviadas para enfrentar un proceso distinto al restaurativo resalta el nombre del general retirado Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, quien fue comandante del Ejército Nacional entre 2014 y 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Lasprilla tendrá que enfrentar un proceso adversarial en la JEP, que guarda ciertas similitudes con un proceso penal ordinario, junto a otros cuatro altos oficiales, como el mayor general en retiro Marcos Evangelista Pinto Lizarazo. Con un auto de diez páginas, la justicia transicional señaló que, a pesar de las pruebas en su contra, decidieron no aceptar su culpa.

«Se puede establecer que los comparecientes no reconocen su responsabilidad como autores por omisión o coautores de los crímenes que les fueron endilgados, ni su rol en los patrones macrocriminales identificados, aun cuando la Sala los identificó como máximos responsables» en varios crímenes perpetrados entre 2005 y 2008 en Huila.

El rechazo de Lasprilla a admitir voluntariamente los delitos que sus subalternos y la justicia han expuesto en su contra se conocía desde febrero de este año, cuando treinta militares aceptaron su responsabilidad en más de doscientos crímenes de guerra y lesa humanidad.

El antes alto oficial fue llamado a responder en noviembre del año pasado junto a otros 34 militares por doscientos asesinatos, 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio que ocurrieron entre 2005 y 2008, cuando los señalados pertenecieron a cuatro unidades militares con incidencia en el Huila.

«La Sala estableció que 192 de las 264 muertes reportadas oficialmente por los integrantes de las cuatro unidades, durante el período investigado en el subcaso Huila, fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate», explicó en su momento la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento.

Ante las pruebas recopiladas, treinta integrantes del Ejército aceptaron haber participado «en la ejecución de un plan criminal para exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados», indicó la JEP en un comunicado oficial.

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